La decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Santiago Uribe Vélez sirve también como un documento de verdad histórica que debe ser estudiado para entender lo que ocurrió en la primera mitad de los años 90 en el departamento de Antioquia. La rama judicial cumplió su labor al otorgar todas las garantías procesales en un proceso que, si se cuenta desde que empezaron las investigaciones, duró más de tres décadas. Aunque sin duda seguirán los ataques y cuestionamientos a los magistrados en busca de cuestionar su legitimidad, las sentencias están a la vista de todos los colombianos y muestran la división de poderes operando como lo planteó la Constitución.
Por supuesto que el proceso contra Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, iba siempre a estar rodeado de ruidos. Cuando se reabrió el expediente en 2010, el mundo político se dividió en los bandos usuales. Los partidarios del expresidente denunciaron una persecución política, tesis que retomó la defensa de Santiago Uribe, mientras que la izquierda intentó ubicar este proceso como la prueba de los lazos de la familia Uribe Vélez con el paramilitarismo. La justicia tenía la labor de ser mediadora con transparencia, rigurosidad y sentido común. Lo más importante, más allá de las implicaciones políticas, es que los casos se resolvieran, sea cual fuere la decisión, con total protección del debido proceso y respeto a la presunción de inocencia. Hoy, con el caso concluido, creemos que la rama judicial cumplió con su deber.
Absuelto en primera instancia, Santiago Uribe fue condenado en segunda por el Tribunal Superior de Antioquia. Después de la declaración del mayor retirado de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, el Tribunal evaluó múltiples testimonios que llevaban a Santiago Uribe. Siguiendo la condena, la defensa apeló, y la Sala Penal de la CSJ confirmó la responsabilidad. En la sentencia, la Sala Penal dice que es evidente “el liderazgo que el procesado ejercía sobre el grupo criminal, junto con la fuerza pública, para coordinar asesinatos selectivos”. Se refiere a “Los 12 Apóstoles”, grupo paramilitar que tenía una “lista negra” para hacer “limpieza social”, es decir asesinatos selectivos, en Antioquia. La Jurisdicción Especial para la Paz ha dicho que ese grupo podría estar relacionado con hasta 525 homicidios.
Por todo lo anterior, la CSJ dijo que Santiago Uribe incurrió en “ultrajes especialmente lesivos de la dignidad humana que degradan de forma grave los más caros intereses del ser humano” y que formaban parte de “eventos sistemáticos y generalizados”. Esto en el marco del “ataque sistemático y generalizado contra la población civil del norte del departamento de Antioquia”. La sentencia es de 28 años y tres meses de cárcel por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, delitos de lesa humanidad. No hay espacio para un recurso de casación.
La defensa de Santiago Uribe dijo que insistirá en el proceso, aunque el mecanismo a emplear no es claro. Por su parte, la familia Uribe Vélez, en voz del expresidente Álvaro Uribe, ha dicho que se trata de un error de la justicia y que las evidencias han sido mal valoradas. Tienen, por supuesto, todo el derecho de expresar sus opiniones y de entablar los recursos judiciales que les permitan la ley y la Constitución. Sin embargo, ante los ojos de Colombia la rama judicial demostró un manejo riguroso del proceso, brindando todas las garantías y haciendo valoraciones extensas de un expediente complejo. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría, bajo distintos liderazgos, estuvieron de acuerdo en afirmar la culpabilidad. Cuando el sistema responde de esta forma, la verdad judicial sirve de memoria histórica. Es una decisión que debe respetarse.
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