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Ahora que la propuesta de ley de sometimiento llegó al Congreso, el Gobierno de Gustavo Petro con su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, necesitan abrir la puerta a recibir críticas constructivas de las voces más preocupadas. Mientras se adelantan diálogos como el que vimos esta semana con el Clan del Golfo en Catar, se hace evidente que el país necesita tener un marco normativo que permita aterrizar acuerdos atípicos; pero eso no se logrará si la estrategia de la Casa de Nariño es una de arrogancia y de pupitrazo. Los congresistas, a su vez, deben dejar a un lado los intereses electorales y reconocer que es momento de construir un consenso amplio en torno a la paz posible si es que se consigue llegar a concesiones razonables.
Lo que está ocurriendo esta semana con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debería darle pauta al Gobierno de Gustavo Petro. Las primeras sentencias de la justicia transicional cumplen lo consignado en el acuerdo de paz de La Habana, pero han causado indignación en sectores amplios de la población. Sabíamos que algo así ocurriría, pero por eso mismo es fundamental preguntarnos por cómo se blindan de legitimidad los futuros acuerdos, más ahora que se harán con grupos criminales sin mayores intereses políticos. Escuchar al expresidente Juan Manuel Santos tener que salir a hablar nuevamente de “tragarse sapos” y de arrepentirse por el plebiscito muestra el daño que le hizo al país la polarización que surge en torno a la idea de paz sin impunidad. Entonces, para que la “paz total” tenga siquiera la oportunidad de cuajar, es urgente aprender de los errores del pasado y saber leer la temperatura nacional.
Lo mencionamos porque la actitud del Gobierno ha sido en muchas ocasiones una de terquedad. De por sí, estar hablando de un proyecto de ley de sometimiento a pocos meses de que termine el periodo presidencial muestra los disparos en el pie que se pegó la Casa de Nariño en su improvisación hacia la paz. Si a eso se le suma la hostilidad abierta a quienes lo critiquen y a su relacionamiento con el Congreso, tememos que un proyecto de ley tan importante se vea sepultado sin un debate apropiado o que sea aprobado con pupitrazos. Si eso ocurre, cualquier futuro acuerdo podrá ser señalado de falta de legitimidad y carencia de piso jurídico.
Es útil darles voz a personas como la defensora del Pueblo, Iris Marín. En comunicación publicada por El Tiempo, la defensora escribió sus reparos al proyecto tal cual está. “No hay una definición clara del alcance de la reparación colectiva en el proyecto”, escribe la funcionaria. Entre sus principales preocupaciones está que se otorguen beneficios penales sin garantizar la reparación a las víctimas, que no haya claridad en los mecanismos de justicia restaurativa y que el proyecto no se haya consultado con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada tras el Acuerdo de Paz. Como ella, otros juristas expertos y miembros del Congreso han expresado preocupación sobre puntos del proyecto. La manera de resolver estas críticas no es ignorándolas, sino reconociendo que vienen de una necesidad imperiosa: darle peso a la apuesta por la paz y evitar que los colombianos sientan que estamos ante un pacto de impunidad. Todavía hay tiempo, pero la ventana de oportunidad se está cerrando.
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