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Aunque la indignación que produce la eutanasia de hipopótamos es comprensible desde un punto de vista de empatía, utilizar argumentos morales para frenar una decisión de política pública necesaria es un error histórico que el país lleva muchos años cometiendo. Ya se intentaron medidas menos lesivas y más costosas con un fracaso rotundo; mientras tanto, una especie invasora se sigue reproduciendo, destruyendo el ecosistema, poniendo en riesgo a otros animales y representando también una amenaza para los humanos que viven en la región. El Ministerio de Ambiente ha tomado una decisión difícil pero necesaria, a pesar de lo tardía.
Cuando Pablo Escobar trajo de manera clandestina hipopótamos a Colombia, introdujo una especie no nativa a un ecosistema donde podía reproducirse sin problemas. Al no tener depredadores naturales, sumado a las excelentes condiciones ambientales del Magdalena Medio, los hipopótamos se convirtieron en reyes de la zona. Como son mamíferos de dos toneladas, muy rápidos y peligrosos, representan un riesgo para cualquiera que se los encuentre, sean seres humanos u otro tipo de animales. Según cálculos publicados en 2022, Colombia ya tenía 169 individuos, con la posibilidad de que superen los 500 en 2030.
No se puede simplemente “dejarlos ser”. Como explicaron en un comunicado el Instituto Humboldt, Invemar, el Instituto SINCHI, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN), “se ha reportado que a causa de las grandes deposiciones de materia orgánica en los cuerpos de agua, la presencia de los hipopótamos puede generar condiciones anóxicas (ausencia casi total o falta de oxígeno)”. Además de eso, el hipopótamo ha reducido la biodiversidad nativa porque afecta los recursos disponibles para el manatí, el chigüiro y la nutria. Se han registrado varios ataques a personas, a ganado y a pescadores. Por eso, estas organizaciones apoyaron la decisión del Ministerio de Ambiente “considerando que la situación será cada vez más grave y difícil de controlar, ya que su presencia se extenderá a ocupar otras zonas críticas de las cuencas bajas del sistema Magdalena-Cauca (por ejemplo, Zapatosa o Mojana)”.
Esto no es nuevo. Científicos colombianos y extranjeros llevan años denunciando el daño que producen los hipopótamos y la necesidad de aplicar la eutanasia ante la falta de soluciones viables. Irene Vélez, cabeza del Ministerio de Ambiente, les dio la razón esta semana: “Es inminente actuar ya para reducir la población. Es lo que la ciencia nos ha dicho para cuidar nuestros ecosistemas y nuestras especies nativas”. La ministra también contó que el país intentó llevar a cabo procesos de translocación con Perú, Chile, República Dominicana, Ecuador, Uganda, Sudáfrica, México, Filipinas e India, pero no se ha conseguido aterrizar una propuesta viable. Ante eso, se dispondrán COP 7.200 millones que se distribuirán a las corporaciones autónomas regionales (CAR) de las áreas donde están los hipopótamos para llevar a cabo la eutanasia.
Los ataques del movimiento animalista han sido fervorosos, acusando al Gobierno de cruel y facilista. De nuevo, comprendemos el punto de partida de esa posición, pues hablar de matar a por lo menos 80 seres sintientes es una decisión compleja y dolorosa. Sin embargo, la inacción también está matando a otros animales y, de paso, afectando un ecosistema completo. Se intentó buscar otras soluciones sin éxito. El Gobierno nacional tiene que actuar. Como dijimos en nuestra portada del miércoles: ya era hora.
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