Si hay una promesa del Gobierno de Gustavo Petro que se ha visto entorpecida por la personalidad del presidente y de las personas que ha elegido para acompañarlo es la de la paz total. Una idea ambiciosa, necesaria y muy compleja de aterrizar se ha estrellado con funcionarios que, siguiendo el ejemplo del mandatario, subestiman lo que ya se ha hecho en Colombia, son reacios a recibir aportes externos y leen cualquier tipo de crítica como un acto de traición. El anuncio de la ley de sometimiento presentada al Congreso por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, muestra de nuevo por qué atrincherarse en las ideas propias sabotea una necesidad urgente para el país.
Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia expresó públicamente su molestia por la falta de tiempo para discutir y consensuar el proyecto de ley. La respuesta del ministro, entre condescendiente y agresiva, fue: “Este proceso de deliberación sobre modelos de justicia transicionales y sobre los modelos de imputación que trae el proyecto de ley empezaron hace más de 50 años”. Hay muchos aspectos mal con ese tipo de declaraciones de un servidor público, pero basta con evaluar el más evidente: caricaturiza y desoye el argumento real de la Corte. Lo que pidieron los magistrados, haciendo eco a lo que también dijo la Defensoría del Pueblo y otras voces políticas, es que los aspectos particulares de ese proyecto debieron debatirse más, pues en efecto son muy polémicos. El ministro, sin embargo, decidió imponer su visión y la del presidente.
Otra respuesta diciente fue contra un miembro del Gobierno, nada más y nada menos que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño. En entrevista con “El Tiempo”, Patiño dijo, con respeto, que el proyecto “requiere más análisis” y que “empezar desde acá no es bueno”, porque es necesario reconocer el clima político. Aunque no lo dice explícitamente, el alto comisionado parece haber aprendido de los errores que se cometieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, donde la falta de consensos casi hunden el Acuerdo Final. El ministro Montealegre, sin embargo, fue al “ad hominem”: “Es absolutamente inconcebible que Otty Patiño se convierta en un francotirador de la paz”. Curioso que pedir mesura y más estrategia para garantizar apoyo político sea equiparado a utilizar un arma contra la paz.
No es de extrañar que esta sea la actitud: cuando empezó el gobierno Petro, los aportes de los negociadores del gobierno Santos fueron desechados, y el presidente pensaba que podría tener un pacto con el ELN en pocos meses. Ahora, en su último año, el estilo impuesto por Armando Benedetti y Alfredo Saade, de agredir a cualquier comentario crítico, es ahora replicado por el ministro Montealegre. El problema es que eso puede llevar a terminar de torpedear los esfuerzos de paz. El Gobierno tardó muchísimo (tres años) en proponer una ley de sometimiento que era importante desde el día uno y, ahora que lo hace, le pide a la sociedad colombiana que se trague el sapo de beneficios generosos con bandas criminales, cuyos rostros no son claros y que, según inteligencia, siguen delinquiendo desde las cárceles.
En año preelectoral, el Gobierno está sobreestimando su capacidad de convencimiento, al tiempo que subestima su propia debilidad ante grupos criminales que se muestran envalentonados. Tener negociaciones así mientras se les dice a los colombianos que las rebajas de penas son la única opción para alcanzar la paz, sin un plan claro de romper con las organizaciones criminales, suena ingenuo. Y es una manera de fallar en la apuesta por la paz.
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