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El presidente de la República, Gustavo Petro, está en mora de contarle al país cómo va a ser su último impulso por aterrizar los procesos de “paz total”. El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, ha estado ausente de los reflectores en medio de problemas de salud que se sumaron a las críticas que ha recibido de varios sectores involucrados en los diálogos, mientras que el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, señaló que la intención es seguir otorgando beneficios a los cabecillas que decidan colaborar. Con el tiempo acabándose para la actual administración, es fundamental que se puedan salvar la mayor cantidad de acuerdos, incluso si eso implica entregarle al próximo gobierno la posibilidad de ser el que termine la negociación.
El rol de Patiño como alto comisionado para la Paz coincidió con el enfriamiento de los diálogos más importantes. No fue su culpa directamente, pues las organizaciones criminales, desde el ELN hasta a los distintos grupos neoparamilitares, siguieron delinquiendo y abusando de la generosidad del Gobierno. Sin embargo, el efecto de esa realidad es que la figura de Patiño perdió legitimidad frente a los miembros de los grupos con los que es necesario negociar, así como que, de frente al país, se convirtió en sinónimo de los esfuerzos obstaculizados.
Primero fue el ELN, que una y otra vez manifestó su desconfianza hacia Patiño. Ahora, la semana pasada terminó con declaraciones agresivas de Salvatore Mancuso. La oficina del alto comisionado canceló la reunión de todos los exjefes paramilitares, incluyendo los designados como gestores de paz por el gobierno de Gustavo Petro. Por eso Mancuso, en charla con la revista “Cambio”, acusó a Patiño de ser un palo en la rueda de la paz. “El señor Patiño está desconociendo” lo pactado, dijo Mancuso, y agregó: “Lo único que pedimos es que cumplan. Pero la oficina de Otty Patiño tiene una lectura equivocada del conflicto y de nuestra participación en él”. El Gobierno no puede caer en la trampa de consentir todos los caprichos de los criminales y excriminales, pero esto evidencia el camino tan difícil que tienen por delante.
El presidente Petro, que ha sido muy vocal sobre los funcionarios que dice que no le caminan a su proyecto, ha guardado silencio sobre lo que ocurre. ¿Qué estará pensando? ¿Y cómo pretende aprovechar el tiempo que le queda para enfrentar una de sus principales promesas de gobierno, aún por cumplir? ¿Vendrá un cambio de estrategia para conceder beneficios a pesar de los incumplimientos de los armados?
Tenemos algunas pistas. En entrevista con El Tiempo, el recién posesionado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, marcó distancia con su antecesora. Mientras Ángela María Buitrago se opuso a la suspensión de ciertas extradiciones, el nuevo ministro fue vehemente: “Si existen evidencias sólidas de que la persona solicitada está colaborando con procesos de paz, y que esa colaboración es clave para la paz total, se continuará suspendiendo la extradición en esos casos”. Es decir, hay una importante concesión. ¿Y Colombia qué ganará con eso? ¿Cómo manejar los egos cada vez más exigentes de los negociadores de los grupos criminales?
El gran interrogante entonces es si veremos los resultados de la “paz total” y a qué costo. ¿Es posible que antes de que termine el año haya avances irreversibles en algunos de los procesos? ¿Se reabrirá la mesa con el ELN, así eso implique perdonar su intransigencia y dejar temas negociados para que se terminen en el próximo gobierno? La Casa de Nariño está corriendo contra el reloj, pero no tenemos muy claro en qué dirección.
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