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El hundimiento de la ley de financiamiento se veía venir desde hace tiempo. Por segundo año consecutivo y ya en campaña política, el Congreso de la República se convirtió en un espacio hostil para un Gobierno nacional que se mueve entre un discurso mayormente agresivo y otro a ratos conciliador. Al final, no logró que le saliera adelante un proyecto esencial para las finanzas del Estado. Era esperable también que el presidente de la República, Gustavo Petro, y sus aliados políticos salieran a criticar lo ocurrido. Lo que sí no deja de sorprender son los argumentos que ha usado el Gobierno para criticar la decisión de la rama Legislativa. Pareciera que poco ha aprendido en estos años.
La respuesta más preocupante es la que sugiere decretar una emergencia económica. Aunque ayer el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que era una de las opciones que estaban considerando, las razones que ofreció para justificarla son incomprensibles. Según él, “por cuenta de nueve senadores de la comisión tercera [se] genera un desconocimiento a lo manifestado previamente y genera una desfinanciación irresponsable del presupuesto del próximo año. Ese acto con el que se desconoce a la mayoría y al presupuesto ahora implica medidas para mantener la estabilidad fiscal y asegurar proyectos sociales”, por lo que “es necesario tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales para el año entrante”. En esencia, el argumento es que el Congreso aprobó un Presupuesto General de la Nación que incluía recursos que se iban a obtener mediante la ley de financiamiento y al negar ese proyecto ahora se está creando una situación de desestabilización.
Si el Gobierno nacional decide irse por la ruta de la emergencia económica, demostraría que no aprendió nada de sus fracasos previos. Las dos emergencias que decretó fueron derrotadas en la Corte Constitucional con varios argumentos. En este caso, ¿qué es lo imprevisible, inesperado y sobreviniente? si la Casa de Nariño sabe hace meses que está desfinanciada, que sus recortes han sido insuficientes y que perdió la capacidad de maniobra en el Congreso. Decir que una decisión en contra de la ley de financiamiento crea una crisis fiscal es equivalente a argumentar que la rama Legislativa no tenía otra opción que hacer lo que quisiera la rama Ejecutiva. Así no funciona la democracia. Era tan esperable lo ocurrido que, en una publicación de X, el presidente Petro escribió “el hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”. Si en efecto era “predecible”, ¿por qué el Gobierno nacional se cerró a buscar alternativas para anticipar el desastre?
En esa misma publicación, el presidente Petro lanzó otra de sus tesis económicas irresponsables. Escribió que existen “unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”. Se refiere a los títulos de tesorería y a su obsesión con criticar al emisor por no reducir las tasas de interés ante una inflación que no cede. No cuenta el mandatario que la tasa de esos títulos la ha aumentado el mercado por la indisciplina fiscal y el desfinanciamiento del Gobierno nacional. Es decir, de nuevo, el problema que la Casa de Nariño pudo predecir y nunca quiso arreglar.
Entendemos la frustración y el momento tan difícil para las finanzas del Estado, pero lo que se necesita ahora es cabeza fría, recortes precisos y un plan de acción transparente. Que recuerden en la Casa de Nariño que su trabajo es para los colombianos, no para que sus candidatos triunfen en las próximas elecciones.
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