La salida del Gobierno de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ubica los reflectores sobre el que podría ser el principal legado de la presidencia de Gustavo Petro. La reforma pensional, que entrará a regir a partir de julio de este año, se trató de un ambicioso y necesario primer paso para cambiar el déficit estructural de un sistema esencial para los colombianos. Sin embargo, hay preocupación por la falta de reglamentación. Estamos muy encima para garantizar una implementación apropiada. Esta debería ser la prioridad urgente del nuevo ministro, Antonio Sanguino.
Sobre la pensional hay una gran incertidumbre. La Corte Constitucional está en proceso de estudiarla y, debido a la manera en que se aprobó en el último debate, hay una alta posibilidad de que decida tumbarla. Empero, eso no es excusa para que haya tanta demora en la reglamentación y la implementación. El país debe operar bajo el entendido de que esta es la ley vigente y el Gobierno Nacional no puede perder esta oportunidad de cimentar su mayor logro legislativo. Por eso preocupa que, con la ausencia de Ramírez, se interrumpan los procesos y haya aún más demoras.
El Banco de la República encendió las alarmas. Tiene sentido, pues el Emisor cumple un papel esencial en la nueva reforma. Según la normativa, el Banco tendrá a cargo la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, lo que incluye definir cómo se van a invertir los recursos, cuáles riesgos se tomarán y de qué manera se hará crecer el dinero de los colombianos. El problema es que, a la fecha, las reglas y responsabilidades no están claras. ¿Cómo es posible que, a escasos cuatro meses de la entrada en vigencia de la reforma, no tengamos una reglamentación que le permita al Banco prepararse adecuadamente?
Leonardo Villar, gerente del Emisor, pidió que “el borrador del decreto en el que se estuvo trabajando intensamente el año pasado con la URF y el Ministerio de Hacienda, y que según entendemos se encuentra en revisión del Ministerio de Trabajo, pueda ser publicado a la mayor brevedad”. Esto porque “sin la pronta expedición de este decreto resultaría imposible definir los elementos esenciales para empezar a administrar el Fondo en su período de transición”. No es el único preocupado. Juan David Correa, presidente de Protección, le dijo a El Colombiano que “hoy aproximadamente el 40 % de la reforma no ha sido reglamentada”.
Por todo lo anterior, el aterrizaje de Sanguino tiene que ser ágil. No hay tiempo de aclimatación ni tampoco se pueden echar para atrás los procesos adelantados. La ley depende de la reglamentación, donde el buen manejo de los recursos está relacionado con la existencia de reglas claras. Por ejemplo, los ingresos mensuales del Fondo a cargo del Banco de la República serán del orden de $1,4 billones a partir de julio. Lo que se haga con ese dinero va a recibir un escrutinio adicional, pues el Banco no ha realizado esa tarea hasta la fecha. Si tenemos en cuenta que esta reforma tendrá que profundizarse en el futuro, es fundamental que la implementación no deje dudas ni torpezas. Mientras el Gobierno está en crisis y reajuste, la Casa de Nariño no puede perder el norte en uno de sus principales éxitos. Con cuidado, con transparencia y con velocidad.
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