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En plena campaña electoral, la respuesta del presidente Gustavo Petro para intentar apagar los incendios en el sistema de salud es nombrar a dos políticos de considerable caudal electoral y que se caracterizan más por su hostilidad que por sus conocimientos del sector. Jorge Iván Ospina, médico y exalcalde de Cali, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín imputado por delitos contra la administración pública, llegan a la Nueva EPS y a la Superintendencia Nacional de Salud, respectivamente. Todo al mismo tiempo que hay marchas de profesores por la baja calidad en el servicio, que las deudas del sistema aumentan, que las organizaciones de pacientes expresan su angustia y que el gobierno de Gustavo Petro sigue comprobando que no ha sido capaz de corregir el curso.
El presidente Petro ha planteado que la mejor solución para el sistema de salud en crisis es llegar a una estatización donde sean la nación y las entidades territoriales las encargadas de los aspectos principales de la administración del acceso al derecho fundamental a la salud. Por eso declaró la intervención de varias EPS, entre esas la más grande el país, Nueva EPS, que se pretende se convierta en el eje de ese modelo estatizado. En ese mismo camino se ha estigmatizado básicamente a todo el sector privado que ha sido parte del sistema, mientras se les repite una y otra vez a los colombianos que la quiebra es culpa exclusiva de unos actores corruptos que están en contra del país.
Varios años después de la intervención la Nueva EPS sigue en crisis, pasando de un interventor a otro sin claridad en cómo el Gobierno ha mejorado su funcionamiento. El manejo de las finanzas sigue siendo opaco, las peleas internas son bien conocidas por la opinión pública y las quejas de los usuarios son cada vez más angustiosas. En la Superintendencia Nacional de Salud, que se convirtió en la punta de lanza de la Casa de Nariño contra la crisis y el sector privado, las peleas no han cesado. Bernardo Armando Camacho, el último superintendente, renunció empujado por el Gobierno por contradecir al presidente Petro en sus deseos. Se han conocido versiones dentro de la entidad de control que denuncian falta de diligencia en el actuar con las EPS intervenidas. Todas las voces razonables en este debate apuntan a lo mismo: la administración Petro ha subestimado el problema y su garrote para enfrentarlo solo empeora el asunto.
La respuesta a esas críticas ha sido más garrote. Quintero, por ejemplo, lleva todos los días desde su nombramiento utilizando su cuenta de X para atacar al “uribismo”, a candidatos presidenciales, a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y prometiendo una cruzada anticorrupción que más parece una venganza teledirigida. Tiene razón Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuando escribe: “La corrupción ha corroído hasta los cimientos las estructuras políticas, por eso termina normalizándose y tácitamente considerándose algo inevitable”. ¿Por qué una persona imputada por delitos contra la administración pública es la mejor y única posible para liderar la Supersalud? Y, hablando de Ospina, ¿por qué un político, también cuestionado por escándalos de contratación durante su alcaldía en Cali, es la solución para el esperpento burocrático que es la Nueva EPS? ¿O acaso los ojos de la Casa de Nariño están más enfocados en los votos que puedan acercar estos dos personajes en elecciones? Sufre la salud de todos los colombianos.
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