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El presidente de la República, Gustavo Petro, construyó renombre gracias a su labor como congresista. Pese a esto, su Gobierno ha mostrado una torpeza histórica en todo lo que tiene que ver con la Rama Legislativa. Parecería como si el equipo de la Casa de Nariño no conociera los reglamentos legislativos y ahora eso les puede salir a cobrar su reforma más importante. Si la Corte Constitucional decide devolver o tumbar la modificación al régimen pensional, no lo hará en medio de una gran conspiración contra el gobierno del cambio, sino que será un recordatorio de que las normas procedimentales existen para ser cumplidas y para garantizar la democracia representativa. No hay que darle muchas vueltas retóricas a ese asunto.
Al parecer, la ponencia sobre la pensional que pasó a estudiar la Corte Constitucional busca tumbarla por vicios de trámite. Si eso ocurre, será una gran derrota para el Gobierno y una muy mala noticia para el país, pues por primera vez en décadas se hizo una modificación estructural (aunque insuficiente) a un sistema deficitario. Sin embargo, nadie, ni siquiera los más cercanos al presidente Petro, podrá argumentar que se trata de una sorpresa.
Todo se remonta a los momentos finales de una legislatura convulsionada. El 14 de julio de 2024, quedándose sin tiempo para fomentar el debate, la coalición de gobierno tomó una decisión brusca. Gracias a una proposición firmada por varios congresistas, la Cámara de Representantes sometió a votación el texto definitivo aprobado por el Senado, argumentando que los temas de fondo ya se habían debatido. El resultado fue un pupitrazo y la aprobación de una reforma histórica. Al salir del recinto, varios congresistas se lamentaron: ¿habían, acaso, violado las normas procedimentales?
La ponencia que discutirá la Corte da una respuesta afirmativa. En síntesis, la Cámara de Representantes no puede simplemente votar por algo en masa, tiene que abrir el espacio para debatirlo de manera integral. Al no hacerlo, se viola la Constitución, que la Corte está para proteger. Esto ha ocurrido en múltiples gobiernos, pero en este ya se anuncia la intención de venderlo como una conspiración en contra de la reforma más importante aprobada por la administración Petro.
El presidente ya utilizó su retórica habitual: “Sólo una (reforma) ha pasado en el Congreso y ya piensan tumbarla en la Corte”, dijo. Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, escribió que “muchos viejos no se pueden movilizar para luchar por su derecho a la comida, pero los jóvenes y adultos deberían movilizarse para impedir esta injusticia”. Lo propio hicieron otras personalidades del Pacto Histórico, que llamaron a las calles para, poco disimuladamente, presionar a los magistrados. Si en efecto se cae la reforma, no sería extraño que vuelvan los discursos sobre cómo hay un “golpe blando” y una obstrucción al gobierno popular.
Es irresponsable irrespetar de esa manera a la Corte Constitucional. La frustración del gobierno es comprensible, pero buscar culpables lejos de sus propias torpezas legislativas es un error. Para un presidente que fue un congresista consagrado, su trabajo con la Rama Legislativa debió ser mucho más estratégico, pero optó por la hostilidad y la confrontación. Una elección no reemplaza el sistema de pesos y contrapesos, que existe para evitar abusos. Prometer una agenda de cambio necesita ir acompañado de un plan viable para su ejecución, todo lo demás se queda en discursos. Se le acaba el tiempo a la Casa de Nariño para comprender eso.
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