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Ante los hallazgos angustiantes de la Contraloría General de la República, el superintendente nacional de Salud, Giovanni Rubiano García, dijo una verdad, pero a medias. “El desastre de Nueva EPS no es nuevo”, explicó, para agregar: “Estamos hablando de deudas billonarias, de pasivos ocultos, que corresponden a distintos años y que no habían sido procesados y contabilizados por la entidad”. Eso es cierto. En efecto, los problemas de la EPS con más afiliados del país vienen desde antes de la administración de Gustavo Petro, en el marco de un sistema de salud con grandes retos. Sin embargo, lo que no quiere reconocer el supersalud es que su labor de intervención no ha sido eficaz ni suficiente para solventar los problemas. Y todo parece indicar que están empeorando.
Para empezar, es diciente el método mediante el cual el país se está enterando de esta situación. La Contraloría tuvo que llevar a cabo un operativo de policía judicial porque la Nueva EPS, administrada por la Supersalud, no tenía la información a disposición del ente de control. El objetivo fue, en palabras de la Contraloría, “recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud”, pues es evidente “la carencia de estados financieros certificados y dictaminados”. Malas señales que solo empeoran cuando se observan los hallazgos.
Básicamente, la Nueva EPS está sepultada en deudas y tiene un manejo tan precario de la información, que no sabe con exactitud cuánto y por qué se debe. De esa manera, rastrear el manejo de los recursos para evitar, por ejemplo, actos de corrupción se torna imposible. Por citar las dos conclusiones más llamativas de la Contraloría, los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y hay cerca de 22,7 millones de facturas por un valor de $22,1 billones que siguen sin procesar, y de esas hay por lo menos nueve millones que son repetidas. Por eso, para el ente de control fiscal es urgente que se haga una auditoría forense internacional, una auditoría de las cuentas médicas y una reorganización de los giros hacia la red de prestadores. Es decir, lo que se esperaría que la interventoría de la Supersalud estuviera haciendo. La defensa de Rubiano es que, en efecto, eso es lo que está intentando hacer el Gobierno, y que la situación estaba muy mal desde antes de intervenir. En el mismo camino va la declaración del presidente Petro, quien dijo que “la Comisión Séptima decidirá si continúa con su fracaso en la reforma pensional ahora repetida en la de la salud”. Si bien es cierto que el país necesita una reforma a la salud después de la crisis que se ha ahondado en estos años, también es fundamental evaluar de manera crítica la intervención estatal. La Nueva EPS está en el corazón del modelo que propone el Gobierno y, sin embargo, sus años de administración no han mostrado mejorías: por el contrario, aumento de quejas, desastre financiero y opacidad en los mensajes.
Que antes la situación era insostenible no se puede negar. Empero, la Casa de Nariño debería reconocer que es necesario construir consensos, sentarse a dialogar con los actores, aprender de las experiencias de los privados y escuchar a quienes le han pedido que enfrente con responsabilidad un problema con muchas aristas y complejidades. La reforma como está planteada no es una varita mágica, así como la intervención estatal tampoco lo ha sido.
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