El deslizamiento ocurrido en la vereda El Granizal, en Bello, Antioquia, no fue una catástrofe inesperada. Fue el resultado de décadas de urbanización descontrolada en el Valle de Aburrá, asentamientos informales sin regulación y una institucionalidad que ha preferido mirar hacia otro lado. Más de 20 personas fallecidas, cientos de familias damnificadas, decenas de desaparecidos, niños extraviados, abuelas arrastradas por el lodo. La imagen de los líderes comunitarios abriendo sus casas, limpiando barro y colgando hamacas para dar refugio improvisado a los afectados, resume mejor que cualquier cifra la ausencia del Estado en momentos críticos.
Granizal es el segundo asentamiento de desplazados más grande del país y uno de los más extensos de América Latina. Lo que pasó no es un caso aislado ni fortuito, y es diciente que la zona más afectada de Medellín por las lluvias sea, a su vez, una de las más empobrecidas. En el Valle de Aburrá, la expansión urbana ha ocurrido muchas veces a espaldas del ordenamiento territorial. Miles de personas desplazadas por la violencia o expulsadas por la pobreza se han asentado en laderas inestables, junto a quebradas canalizadas, en zonas donde no hay planificación ni servicios básicos. Lo hacen porque no tienen otra opción. A pesar de las advertencias de expertos, universidades y líderes sociales, las autoridades han sido lentas, cuando no indiferentes, frente a la necesidad de intervenir con soluciones estructurales: vivienda digna, protección de zonas de riesgo, control efectivo del uso del suelo, acceso a servicios básicos y monitoreo geotécnico permanente.
Pero más allá de lo que no se ha hecho, lo más grave es lo que se está deshaciendo y que en estas mismas páginas hemos advertido. El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA), referencia nacional por su monitoreo en tiempo real de lluvias, calidad del aire, caudales y deslizamientos, ha sido debilitado. El despido de 31 investigadores y la reducción de su presupuesto –que, según veedurías ciudadanas, alcanzó el 53 %– pone en riesgo su capacidad de emitir alertas tempranas que salvan vidas. Aunque, en su momento, desde el Área Metropolitana aseguraron que se trataba de una “optimización” de recursos, los hechos hablan por sí solos: menos personal, menos ciencia, más vulnerabilidad.
El cambio climático ya no es una amenaza futura y abstracta: es una realidad que golpea con fuerza a Medellín y sus municipios vecinos. En los días previos al deslizamiento, algunas estaciones meteorológicas registraron lluvias equivalentes al 250 % de los promedios históricos. Esa saturación de los suelos, combinada con la expansión desordenada y la ocupación de zonas de alto riesgo, hace que cada temporada de lluvias pueda ser la antesala de una nueva tragedia.
Lo ocurrido en Granizal exige una respuesta integral y, sobre todo, prevención. No basta con activar albergues y enviar retroexcavadoras. Se necesita fortalecer el SIATA, garantizar que el conocimiento científico se mantenga en el centro de la toma de decisiones y asumir con seriedad la planificación territorial. También se deben acelerar las soluciones habitacionales para quienes viven en riesgo, y diseñar estrategias de transición justa para comunidades históricamente excluidas.
Finalmente, hacemos un llamado a la solidaridad. Las personas damnificadas necesitan apoyo urgente. Autoridades y oenegés han habilitado puntos de acopio y canales de donación. Es deber de todos –como ciudadanos, como instituciones, como sociedad– acompañar a quienes lo han perdido todo.
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