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No podemos seguir teniendo un sistema de salud operado desde la hostilidad. Se veía venir: el cálculo que utilizó el Ministerio de Salud para definir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente. Por supuesto que lo es. El ministro de la rama, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió el incremento del 5,3 % sustentado únicamente en la inflación y argumentando que la información aportada por las EPS estaba mal elaborada. Pero los costos año tras año aumentan no solo afectados por el IPC, sino por múltiples factores. Eso es lo que la Corte Constitucional acaba de sentenciar, en una decisión urgente, que nos aterriza de nuevo en un problema enorme: no hay suficiente dinero para el sistema y el Gobierno no tiene de dónde sacarlo.
Hablamos de hostilidad porque ha sido la impronta de Jaramillo como ministro de Salud. De hecho, esa ha sido la característica del gobierno de Gustavo Petro en el sector. Obsesionado con su visión de una necesaria reforma estructural a la salud, en el proceso ha estigmatizado a todos los actores que no están alineados ideológicamente con su propuesta. En el caso del debate sobre la UPC, esto fue evidente al momento de emitir el decreto con el incremento del 5,3 %. En paralelo, se pidió intervención de los entes de control por un supuesto fraude en las EPS y se dijo que una cifra a todas luces baja tenía que ser suficiente. Casi de manera unánime los expertos indicaron que hacía falta una cantidad considerable de recursos. Y así ha continuado la agresión de bando y bando.
La Corte Constitucional entra ahora a mediar, de nuevo, como lo hizo con los presupuestos máximos, y en esta ocasión insiste en que tenemos un “incumplimiento general”. No solo hay que recalcular el aumento en 2025, sino también el de 2024, que fue inaceptable. De hecho, hay indicios de problemas desde 2021, así que la administración pasada tampoco se puede lavar las manos. Según los magistrados, el Ministerio de Salud “no ha demostrado la suficiencia de la UPC. La Sala encontró que el mecanismo para fijar la UPC requiere ser actualizado e incluir nuevas variables”. Obviedades que se tornan necesarias cuando la hostilidad y la retórica son las que definen debates de vida o muerte.
El Ministerio de Salud deberá crear una mesa de diálogo con los actores del sistema de salud para estudiar los incrementos a la UPC desde 2021. En el cálculo, el alto tribunal pide que se incluyan factores como “la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas y las inclusiones y el rezago existente en su valor”. El problema es que esos espacios de discusión ya han existido. Si algo ha ocurrido bajo este Gobierno, es el encuentro para concertar que termina en señalamientos, amargura y golpes sobre la mesa. Mientras tanto, a los colombianos les queda la sensación de una crisis que solo empeora.
No hay solución a la vista. Tiene razón el Ministerio de Salud en preguntar por los recursos para cubrir el sistema. En entrevista con El Espectador, el ministro Jaramillo explicó que “cada punto porcentual (de aumento de la UPC) representa $1 billón”. El déficit estimado a 2024 en ese rubro es de $11 billones, mientras el Gobierno acaba de tener que plantear un recorte doloroso de $12 billones por estar desfinanciado. Ante la crisis solo queda sentarse a dialogar y dejar a un lado la agresividad.
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