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Colombia está aturdida. No es para menos. La voltereta jurídica que ha diseñado la Casa de Nariño con la consulta popular por decreto puso a los partidos mayoritarios en el Congreso a hablar de golpe de Estado, mientras las respuestas que da el mismo presidente de la República muestran un preocupante desdén por las instituciones. Aún conservamos el dique de la Corte Constitucional, pero más allá de cómo se resuelva la tensión normativa, va quedando un país más polarizado, con las instituciones deslegitimadas y con un presidente en campaña abierta y al parecer dispuesto a lo que sea para mantener viva la tensión.
En un gesto que no puede pasar inadvertido, los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, MIRA, Colombia Justa Libres y ASI publicaron un comunicado conjunto. En él dicen que la decisión de convocar la consulta es una “violación grave, abierta y directa a la Constitución”, que representa “una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de derecho”. También dicen que están preocupados por el “grave daño institucional que este Gobierno está causando”. Personajes de la talla de Humberto de la Calle se sumaron al llamado: “Esto es real y literalmente un golpe de Estado, porque es la anulación de las ramas del poder”, dijo el constituyente. No se trata únicamente de oposición al Gobierno, sino de una preocupación extendida entre juristas y miembros de la sociedad civil.
En respuesta, el presidente Petro optó por la hostilidad. En una declaración extraña para un mandatario que afirmó resguardar la Constitución, expresó que “cualquier ser humano que tenga tres dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. Y no pasa sino una sola cosa: las instituciones se van”. Tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el mismo presidente han buscado atenuar sus discursos diciendo que escucharán lo que diga la Corte Constitucional. Sin embargo, como afirmábamos en este espacio el jueves, quedan dudas. La primera es qué pasará si los magistrados se oponen a la creatividad jurídica de la Casa de Nariño. La segunda es desde cuándo el Ejecutivo tiene la potestad de definir quién puede y quién no estudiar sus propias decisiones. Todo lo que ha hecho el Gobierno desde que decidió decretar la consulta tiene el hedor de desconocimiento de las ramas del poder público.
Lo que nos aterriza en el pueblo. Como concepto, está siendo usado por la Casa de Nariño para justificar su actuar. Lo que oculta una realidad: la molestia del presidente es porque el Congreso no estuvo de acuerdo con él. Eso no es una agresión al “pueblo”, sino a la agenda del poderoso y, a lo sumo, de sus copartidarios. El pueblo también legitimó al Congreso, a la Constitución y a las normas que existen para evitar abusos de poder.
Nos preocupa el país porque el tono ha llegado a un punto donde no se ve que pueda haber retorno. El Gobierno quiere que los colombianos ignoren una votación que existió y, en el proceso, busca desconocer los procedimientos legales que existen para dirimir si, como sostiene, esa votación fue ilegítima. El presidente respondió a nuestro editorial del jueves diciendo que lo hecho por el Congreso “es un fraude y un delito”. Si lo fue, son el Consejo de Estado y la Corte Suprema los llamados a definirlo, no el presidente con sus ministros y asesores, por muy poderosos que sean. El “pueblo” pide respetar las normas, no desconocerlas cuando hay frustración.
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