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El artículo 188 de nuestra constitución dice que “el presidente de la República simboliza la unidad nacional”. Cuando fue elegido con una votación histórica, que consiguió gracias a un consenso con el centro político alrededor de su propuesta de cambio democrático, Gustavo Petro anunció que buscaría “unir a las dos Colombias”. Pareció comprender entonces que sus ideas tienen una oposición amplia, que está en un país dividido, que gobernar implica superar los personalismos y construir consensos. Su discurso en la plaza de Bolívar el pasado jueves, empero, muestra que abandonó por completo esa idea, pues ahora considera que solo hay un país válido, el de quienes lo apoyan a él y a su Pacto Histórico. Todos los demás, señala, son parte de una conspiración en su contra, además fincada exclusivamente, dice también, en los más innobles intereses.
Cuando el entonces presidente Álvaro Uribe estigmatizaba a la izquierda, el futuro presidente Petro y sus copartidarios levantaban sus justas quejas. Cuando el entonces presidente Iván Duque utilizaba sus discursos para banalizar el estallido social y sus ministros de Defensa ultrajaban a sus convocantes, Petro y sus copartidarios alertaban sobre el peligro de dichos señalamientos. Sin embargo, ahora el mandatario se siente cómodo utilizando su gran poder para estigmatizar a todo el que se le opone. “El que vote ‘No’ o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista”, dijo, refiriéndose a la consulta popular que busca convocar. Después, socarronamente, afirmó que no estaba insultando a nadie, pero está utilizando la misma estrategia de sus enemigos políticos. “Todo el que no esté de acuerdo conmigo”, parece decir, “está en contra del pueblo y es un criminal”. ¿O es que ser “esclavista” no es acaso de lo peor que uno podría acusar a otro ser humano?
La ligereza no terminó ahí. Alberto Peña, militante de Colombia Humana, fue asesinado en Miranda, Cauca. Al respecto, señaló que “Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral”. Refiriéndose a una senadora, dijo que “aunque no lo ordenó la señora (Nadia) Blel, la sangre de Alberto hoy la ensucia a usted y a su familia”. ¿En qué democracia eso es un discurso aceptable? En un país tan violento, ¿se siente cómodo el presidente diciendo que una decisión soberana del Congreso provoca un asesinato? Por supuesto, no hay mención de que el Gobierno ha sido incapaz de garantizar la seguridad en las zonas de conflicto, porque la responsabilidad siempre está en sus opositores. Invitamos a los defensores de esta administración a tomarse un momento y preguntarse: ¿qué pasaría si un presidente de derecha hubiera hecho esa misma afirmación? No nos cabe duda de que expresarían su indignación. Y con razón. Las palabras importan.
El problema con el populismo es que se construye sobre un delirio: que hay una persona que interpreta lo que el pueblo necesita y que cualquier crítica es una traición a la patria. Les pasa a los presidentes, quizás porque el puesto atrae una estructura de personalidad particular. Lo creyó Álvaro Uribe, con su Estado de Opinión, lo creen Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, lo creer Nicolás Maduro, y también ha caído en esa trampa Gustavo Petro. El daño está en que la democracia requiere disenso, requiere concesiones, diálogos. Requiere, ante todo, respetar a los seres humanos que hacen oposición. Por más maromas que haga el intérprete oficial, Armando Benedetti, y por más que los miembros del Pacto Histórica, otrora críticos de esas actitudes, se hagan hoy los de la vista gorda, ya hay un artículo de la Constitución que está siendo violado: el presidente no simboliza hoy la unidad nacional, ni le interesa hacerlo. No es de extrañar la preocupación que crece con que esté decidido a violar otros más.
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