Colombia está en vísperas de conocer las primeras sentencias proferidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Después de siete años de expectativas y de un trabajo arduo con víctimas y victimarios, el tribunal de paz se prepara a mostrarles a los colombianos el fruto de sus hallazgos y, quizá más importante para este país sediento de justicia, cuáles serán las sanciones. Anticipamos que no será una conversación fácil, pues los colombianos están acostumbrados al populismo punitivo y a que los responsables de crímenes atroces reciban largas penas de prisión. Eso no fue lo que se acordó en La Habana. El reto del tribunal será demostrar que, en efecto, estos años de trabajo llevarán a una justicia verdaderamente restaurativa.
Hay preocupación en todos los involucrados. Los ex-FARC, del secretariado para abajo, vienen peleando porque consideran que los tribunales extralimitaron sus funciones y porque las sanciones entorpecerán su trabajo político. El Gobierno nacional en su momento creó obstáculos y hasta cuestionó internacionalmente el trabajo del tribunal. Incluso el expresidente Juan Manuel Santos, gestor de esta justicia especial de paz, elevó críticas y planteó preocupaciones recientes, con tesis que fueron derrotadas en la Corte Constitucional. Por su parte, las agrupaciones de víctimas reaccionaron de forma airada hace unos días, con justa razón, a la filtración, publicada por El Espectador hace una semana, de las que serían eventuales sanciones. En esencia, preocupan la proporcionalidad y la verdadera restauración. En respuesta, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, pidió esperar a que se publique la sentencia, pues todo está en proceso de estudio, y en todo caso recordó que la justicia no empieza ni termina con una sanción.
Tantas tensiones anticipan que las decisiones del tribunal no estarán exentas de polémica. No podía ser distinto en un proceso de justicia transicional tan complejo.
Podemos partir de lo que ya sabemos. Como dijimos en su momento, nos parece que la JEP tardó demasiado en llegar a sentencias, pero sí debemos reconocer que los procesos en cada macrocaso se han convertido en un espacio de reparación. En entrevista con este diario, el magistrado Ramelli recordó que “en estos siete años, por ejemplo, a través de las medidas cautelares, hemos recuperado más de 1.891 cuerpos, identificado 200 de ellos y realizado 128 entregas dignas”. Es cierto. El país también pudo presenciar audiencias públicas de reconocimiento de verdad donde las víctimas pudieron tener espacios de confrontación a sus victimarios, donde Colombia pudo ver de frente las heridas abiertas de medio siglo de conflicto. Frente a la incapacidad de la justicia ordinaria para hacer algo parecido, este es uno de los grandes triunfos de la JEP. Eso también es una manera de reparación.
También es muy valioso que el tribunal está pensando en cómo ejecutar las sanciones: no solo es dictarlas, sino asegurar que los proyectos seleccionados se lleven a buen puerto. En esto las víctimas han podido participar, así como los eventuales condenados. Es, en esencia, una propuesta de acompañar los procesos desde el principio hasta el fin y comprender que la reconciliación requiere responsabilidad hasta de los magistrados. Esto tampoco es algo a lo que siquiera aspire la justicia ordinaria, que no se preocupa por la aplicación de las penas que impone.
Eso no quiere decir que no haya sapos por tragarse, recuperando la expresión que se conoció durante las negociaciones. Sí, las sanciones serán leves comparadas con las del Código Penal; también es extraño pensar que el exsecretariado, entrado en la tercera edad, pueda hacer mucho por cumplir buena parte de ellas. Ha pasado mucho tiempo y la guerra arrecia, mientras la paciencia de los colombianos disminuye. Son lecciones para futuros acuerdos de paz que ojalá se puedan aterrizar en nuestro país.
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