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Mientras el Gobierno Nacional se toma hoy las calles del país con sus bases electorales para hablar de la consulta popular, se tiene una cifra que le permite celebrar. Ayer el Departamento Nacional de Estadística (DANE) dijo que en marzo el desempleo quedó en 9,6 %, la cifra más baja para marzo que se ha registrado desde 2017. Esto en medio de un descenso constante durante la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, en los mismos datos hay un punto que debería llevar a reflexiones más profundas que el populismo electoral: la informalidad sigue aumentando. ¿Será que las preguntas de la consulta van, en serio, a solucionar los problemas estructurales de la generación de empleo?
Todas las reformas laborales que se han intentado o llevado a cabo en el país en las últimas décadas, incluida la del gobierno de Gustavo Petro, pecan por cortoplacistas. Tiene sentido político: siempre se trata de una discusión que genera mucho desgaste, porque toca las fibras más sensibles de los colombianos. En su momento, el entonces presidente Álvaro Uribe aprobó una reforma gracias a su enorme popularidad que, sin embargo, echó para atrás varios derechos adquiridos con los años. No obstante, sus efectos sobre el empleo mostraron que los problemas de fondo no se trataron. Hoy, paradójicamente, la consulta popular del presidente Petro se ha establecido desde una conversación con esa reforma de la era Uribe, como una oportunidad para enmendar sus aparentes errores, pero poco más. El país da pasos en círculos mientras siguen tres preguntas enormes: ¿cómo industrializamos de tal forma que se diversifiquen las exportaciones y se fortalezca el mercado interno? ¿Cómo generamos más empleo y más emprendimiento? ¿Cómo vencemos la informalidad?
Esto último es quizá lo que debería estar en la mente del presidente Petro mientras se mete de lleno en su campaña por la consulta. En el mismo informe de desempleo del DANE se anuncia que 621.000 de los nuevos trabajadores entraron a la informalidad, que subió en 1,6 puntos porcentuales y llegó a un total de 57,7 %. Es decir, que todas las discusiones sobre seguridad social, recargos nocturnos, licencias remuneradas y demás derechos laborales no aplican a la abrumadora mayoría de trabajadores en el país. Y las preguntas de la consulta no parecen apuntar en el camino adecuado para enmendar eso.
La consulta sirve para poner el dedo sobre la llaga en varias luchas históricas: la primera, sobre jornada diurna, busca reconocer mejor remuneración para el trabajo nocturno, y lo mismo ocurre con la segunda. Es valiosa la pregunta por las incapacidades médicas, aunque es extraño que no se incluya el aumento de la licencia de paternidad. También es valioso hablar de mejorar las condiciones de los aprendices del Sena, de incluir a personas con discapacidades. Y, sin embargo, la sensación que queda es que se trata de preguntas diseñadas para mover sentimientos, mas no para solucionar los problemas de fondo. Regulan un país que no parece existir, tal vez fruto de un diagnóstico del mercado laboral de hace décadas. Catorce millones de votos no se consiguen con propuestas técnicas y complejas, dirán en la Casa de Nariño, pero la promesa de que esto es una manera de proteger a los trabajadores puede causar muchas decepciones. Porque la economía cambió, y cambia a pasos agigantados, y los paradigmas del pasado no solo son anacrónicos, sino insuficientes. ¿Cómo vamos a lograr ocupar a esos 2,5 millones de personas que siguen buscando trabajo?
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