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Tal vez el que sea el mayor logro de la presidencia de Gustavo Petro está amenazado, paradójicamente, por uno de sus mayores fracasos. En el pasado hemos celebrado en este espacio la labor del Ministerio de Ambiente en tomar medidas que permitan reducir la deforestación; sin embargo, las cifras de lo ocurrido en el 2024 y una denuncia reciente de la Defensoría del Pueblo hacen pensar que el problema va más allá de las capacidades del Estado colombiano. El problema está claro: mientras no haya paz ni monopolio de la fuerza por parte de las autoridades, las cifras de deforestación dependerán del capricho de los grupos ilegales financiados por el narcotráfico que patrocinan la ganadería ilegal.
Al terminar su rol como ministra de Ambiente hace un mes, Susana Muhamad sacó pecho. Tenía razones para hacerlo. Refiriéndose a la deforestación, dijo: “La reducción acumulada desde 2021, que es la línea base desde que comenzó este gobierno, es del 40 %”. Eso es cierto. De 2021 a 2022 pasamos de 174.103 a 123.517 hectáreas, y luego en el 2023 tuvimos la tasa de deforestación más baja en 23 años: 79.256. Esto se logró mediante la combinación de un trabajo concertado con las comunidades y presencia estatal, así como la voluntad política del Gobierno por priorizar estos procesos. Y, sin embargo, estamos lejos de poder celebrar. El año pasado volvieron a subir las hectáreas deforestadas a 107.000. La ahora exministra nos dio una pista: “La dinámica de las mesas de paz ha sido fundamental para explicar por qué aumentó la deforestación”.
Sí, el problema sigue siendo que los grupos criminales parecen tener más capacidad que el Estado para controlar (o descontrolar) la tasa de deforestación. Esto, por supuesto, no empezó en el gobierno de Gustavo Petro: nuestro fracaso en el monopolio de la fuerza y la ausencia estatal tienen una larga y decepcionante historia. Sin embargo, en lo que concierne a la actual administración, su incapacidad de aterrizar en buen puerto los diálogos de paz y su falta de vehemencia en el uso de la fuerza estatal ha creado una combinación que, entre muchos otros efectos, tiene en veremos su logro en la lucha contra la deforestación.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, lo confirmó en un sobrevuelo que hizo por el Meta, Guaviare y Caquetá. “La deforestación avanza a un ritmo alarmante por la siembra de cultivos de uso ilícito, minería, ganadería y construcción de infraestructura vial ilegal, entre otros factores que representan una amenaza para la biodiversidad”, dijo. Desde el cielo, pudo ver las cicatrices de la impotencia estatal: una carretera ilegal por toda la zona norte del Parque Nacional Natural La Macarena; otra vía de 130 kilómetros en el resguardo indígena Nukak-Maku; el Parque Nacional Natural Tinigua, en palabras de la Defensoría, “devastado por una expansión ganadera sin precedentes”, y un montón de incendios forestales sin respuesta. Nuestro pulmón y nuestra biodiversidad convertidos en humo y destrucción.
Para que el gobierno de Gustavo Petro pueda enderezar el curso, además de seguir la buena gestión del Ministerio de Ambiente, necesita encontrar la manera de potenciar el rol del Ministerio de Defensa. Con o sin procesos de paz, la lucha contra la deforestación necesita que el Estado demuestre su capacidad de hacer presencia en todo el territorio. De lo contrario, seguiremos sangrando hectáreas en los cientos de miles.
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