Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Los errores que identificó la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez son de suma gravedad e introducen un nuevo manto de duda sobre un caso de trascendencia nacional. La intervención del alto tribunal, por fortuna, ofrece la oportunidad de que haya una enmienda, pero la jueza Sandra Heredia debe comprender su responsabilidad histórica y reflexionar sobre la manera en que ha llevado a cabo las audiencias y las respuestas a los argumentos de la defensa. Sí, en el pasado hemos mencionado que el vencimiento de términos sería un desenlace nefasto para una coyuntura tan importante, pero el debido proceso y las garantías constitucionales existen para garantizar la protección contra los abusos, sin importar quién sea la persona procesada, por eso es fundamental su respeto.
El caso Uribe ha sacado lo peor en los involucrados. Hace apenas unas semanas utilizamos este espacio para condenar cómo la defensa y el mismo expresidente han buscado sembrar la idea de una persecución política en su contra, todo a base de estigmatizar a los operadores judiciales y en particular a la jueza Heredia. Nuestro punto en ese respecto se mantiene: los indicios en este proceso necesitan ser esclarecidos en medio de un proceso judicial y no es aceptable manchar el nombre de las personas involucradas para obtener réditos ante el debate público. Sin embargo, también hemos insistido en que el debido proceso debe garantizarse para demostrarle al país que nuestro aparato judicial no discrimina y que la Constitución se respeta. Por eso es tan decepcionante que el actuar reciente de Heredia permita, precisamente, que haya dudas sobre la efectiva garantía de ese derecho fundamental.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia interrumpió las audiencias en curso del proceso porque encontró dos graves errores de la jueza Heredia. El primero es que desestimó la recusación presentada por la defensa sin dar suficiente justificación. Aunque el lenguaje jurídico empleado por el alto tribunal suaviza el golpe, en palabras sencillas lo que le dijeron los magistrados a la jueza es que actuó de manera caprichosa e irresponsable al rechazar la solicitud del equipo legal del expresidente.
El segundo error es que la jueza decidió tomar una decisión ella misma sobre la recusación, lo que no tiene sentido alguno en nuestra estructura procesal. Aquí los magistrados sí fueron más vehementes en su lenguaje. De permitir que la magistrada tome ese tipo de decisiones, dice el alto tribunal, “sería tanto como autorizarle que actúe como ‘juez y parte’ dentro de un incidente en el que, precisamente, se está poniendo en tela de juicio su imparcialidad”.
Entendemos la urgencia de la jueza Heredia por evitar el vencimiento de términos, que se configuraría en octubre de este año. En efecto, este proceso se ha dilatado de maneras frustrantes en medio de múltiples “jugaditas” y choques entre los operadores judiciales. No obstante, eso nunca puede ser una razón para obviar las garantías constitucionales. El debido proceso es una protección esencial de la democracia. Con todos los reflectores nacionales e internacionales sobre la justicia colombiana, el caso Uribe no puede dejar duda alguna de la protección de los derechos fundamentales: necesita ser una muestra de que nuestro sistema es capaz de manejar incluso los retos más complejos gracias al respeto a sus principios básicos. La intervención de la Corte Suprema y la decisión que se espera esta semana muestran que, en efecto, existen salvaguardias que se respetan. Esperamos, entonces, que no ocurran más errores de este estilo.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
