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Cuando el Gobierno Nacional anunció la firma del Decreto 0858 de 2025, mediante el cual se establece el “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”, el presidente Gustavo Petro lo acompañó de su habitual mezcla entre rimbombancia y hostilidad. “Estamos salvando a las EPS y las invito a dar el paso y convertirse en gestoras del sistema”, escribió en su cuenta de X. Mientras tanto, en el comunicado oficial de la Presidencia, escrito junto con el Ministerio de Salud, se dice que “el decreto no modifica el esquema vigente de aseguramiento ni elimina las EPS. Establece lineamientos para mejorar la coordinación de todos los actores del sistema y garantiza que la atención se brinde con oportunidad, calidad y continuidad”. Sin embargo, la realidad parece ser mucho más compleja de lo que anunció la Casa de Nariño.
El decreto estuvo varios meses en discusión pública, pero es extraño que el Gobierno haya decidido firmarlo, anunciando que empezará a regir en unos meses. Al leer lo que hace, va mucho más allá de simples “lineamientos”, sino que básicamente aterriza los puntos más controvertidos de su propuesta de reforma a la salud por un mecanismo que se salta al Congreso. Por citar algunos puntos, crea los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), obliga a las IPS a transformarse en ellos, establece la territorialidad de la atención y, aunque no elimina las EPS, sí modifica varias de sus funciones esenciales. Si blanco es, gallina lo pone y frito se come... le queda mal al Gobierno decir que con este decreto no está haciendo realidad muchas de sus propuestas.
Los problemas son muchos, pero hay tres que son particularmente urgentes. El primero es el democrático. Este decreto se firma mientras el Congreso se prepara para seguir discutiendo la reforma a la salud. En la Casa de Nariño se defienden diciendo que los efectos del decreto solo se sentirán cuando ya se haya aprobado la reforma y que hay clima positivo entre los congresistas, pero en la práctica lo que significa es que se adelanta a cualquier discusión. Si el Congreso pide modificaciones, si la tan criticada reforma no termina de cuajar, ¿qué ocurre con los decretos? ¿Y por qué no esperar a la palabra final en el Legislativo? Hay cuestionamientos que tendrán que dirimir las cortes, sobre si cambios tan sustantivos se podían hacer por vía de decreto.
El segundo problema es de financiación. El decreto promete un cambio estructural a la manera en que los colombianos reciben protección en salud. Eso implica inversiones que no es muy claro de dónde saldrán y además pone en duda qué pasará con el dinero para otros déficits, como la pelea constante por la Unidad de Pago por Capitación. El Gobierno está prometiendo el cielo y la tierra sin tener muy claro de poder cumplir.
Lo que nos lleva al tercer problema: el caos. Al decreto le faltan otros decretos; a la reforma le faltan debates, y no es claro que sea aprobado; mientras tanto, el sistema de salud sigue en crisis. Cuando varios exministros de Salud señalaron este problema el presidente respondió nuevamente con hostilidad: “Los exministros de Salud son cómplices de una enorme defraudación al erario. Primero que pidan perdón por el desastre de sus EPS”. Cerrarse a cualquier diálogo u opción de mejora y aprobar reformas a medio andar solo traerá más incertidumbre. El Gobierno, en campaña para reelegir su proyecto político, no le ve problema a eso mientras pueda mostrar en discursos que está imponiendo su voluntad.
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