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Un importante decreto que acaba de expedir el Gobierno Nacional muestra lo difícil que es formalizar la economía colombiana cuando hay labores históricamente vulnerables asociadas a no tener acceso a la seguridad social. Tanto en las declaraciones del Ministerio del Trabajo como en el contenido del Decreto 0271 de 2026 es palpable la ansiedad de un Estado que no ha sabido cómo lograr que la mayoría de los colombianos vean los beneficios y la importancia de tener reglas similares para todos. Sin embargo, es un avance en el camino correcto, pues de implementarse adecuadamente lograría que los recicladores, esa población tan esencial para el cuidado de las ciudades, pero también tan propensa a ser víctima de abusos y exclusiones, tenga una red de seguridad social ahí para apoyarlos.
El decreto empezaría a regir a partir de julio de este año. Al anunciar su expedición, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que “este modelo reconoce el trabajo de los recicladores, garantiza su protección social y respeta su autonomía. No es una formalización forzada, es una solución estructural con enfoque social”. La elección de las palabras no es gratuita. Los recicladores, que son sujetos de especial protección desde hace un par de décadas en el país, tienen que luchar día a día con ingresos precarios, condiciones laborales inhumanas y a menudo competencia desleal por parte de los servicios de basuras de las ciudades. Por eso el ministro, que cuando habló del aumento del salario mínimo lo presentó como una maravilla de la formalización, ahora tiene que reconocer que por los altos costos que eso representa y por la precaridad de algunos trabajos no es viable pedirles a las personas que inviertan sus escasos recursos en seguridad social. Lo dicho: una cosa es el discurso, otra es la realidad económica de los colombianos.
En todo caso, la medida del decreto es bastante creativa, algo que celebramos. En esencia, crea lo que el Gobierno ha llamado “modelo de Red de Protección Social para la Vida de las Personas Recicladoras de Oficio”. Son cuatro sus objetivos. Primero, obliga a las entidades territoriales a gestionar el ingreso de todos los registradores al régimen subsidiado en salud, lo que también significa colaborar con las organizaciones de recicladores para tener listados actualizados de quiénes están haciendo esa labor en cada ciudad. Segundo, permite que los recicladores accedan al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP) o a Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), solo con un aporte del 5 % de los ingresos, donde el Gobierno cubre el otro 20 %. Tercero, cuando los recicladores cumplan ciertas características podrán acceder al programa Colombia Mayor. Cuarto, obliga a las Organizaciones de Recicladores de Oficio, que son las que agrupan a los recicladores de cada ciudad, a que los asocien en una Administradora de Riesgos Laborales, pero dejando claro que esto no crea una relación laboral. Es decir, se trata de una formalización... sin ser una formalización.
La zanahoria en todo esto es que, en palabras del Ministerio del Trabajo, “a diferencia de los modelos tradicionales, los aportes no recaerán sobre el ingreso del reciclador. Los recursos provendrán de la tarifa de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo y de las actividades comerciales de las organizaciones”. Sanguino y compañía están reconociendo el que ha sido uno de los principales líos para la formalización, no solo de los recicladores, sino de tantos trabajadores “independientes” que hay en el país.
Cualquier medida que lleve el Estado a quienes más lo necesitan es un paso en la dirección correcta, como lo es este decreto. Ya dependerá del próximo gobierno, sea cual sea, su implementación. También que se refiera al elefante en la habitación: ¿por qué las normativas laborales siguen haciendo tan poco atractivo el proceso de formalización?
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