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Termina otro gobierno, y Bogotá está enfrentando otro paro de taxistas. Un problema que viene heredado desde hace años sigue sin tener soluciones estructurales, mientras que la administración local se muestra atada de manos, las empresas de taxis prometen mejoras y los taxistas se quejan de los mismos reclamos que les hemos conocido durante años. Es cierto: el transporte público vehicular en nuestro país es injusto, tiene competencia desleal, es a menudo inseguro y no tiene suficientes protecciones laborales para todos los involucrados. Sin embargo, en ausencia de voluntad política para un tema impopular, pero necesario, atendemos nuevamente a la paralización de espacios vitales para la ciudad entera. ¿De verdad estamos condenados a la inacción del Gobierno y el Congreso?
Al cierre de esta edición el paro de taxistas, que se concentró en el Aeropuerto Internacional El Dorado, seguía en firme. A pesar de los anuncios de la empresa Taxi Imperial, varios taxistas dijeron que se sentían inconformes y que no les han dado garantías. Por eso continuaron bloqueando el carril que se les asigna para recoger a pasajeros en la terminal más concurrida de Latinoamérica. Su frustración es palpable y no puede ser desestimada, como tantas veces en el pasado, como un simple capricho o deseo de incomodar a las autoridades.
¿Por qué protestan? La realidad es que las razones abundan. El paro se concentró en El Dorado por varias inconformidades que tienen con la manera en que se asignan los turnos para recoger a los pasajeros. Desde hace meses, a raíz de un cambio en la gerencia de Taxi Imperial (que tiene mucha influencia sobre el aeropuerto), vienen protestando por los mayores tiempos de espera en fila, restricción de los turnos y el porcentaje que les cobran de comisión por cada carrera (hasta el 15 %). No es lo único. Dicen que eso los ubica en competencia desigual con las plataformas digitales y el transporte especial, que no tienen esas comisiones y que además les quitan usuarios. También vienen molestos con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que hace poco, a propósito de la investigación por el secuestro de Diana Ospina y el asesinato de Neill Cubides, compartió un dato que llamó la atención del país entero. Según el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, al realizar un tamizaje de 500 conductores taxistas en la capital, encontró que el 60 % de ellos tenían registros penales. Eso, denuncian los taxistas, es una estigmatización que dificulta su trabajo.
Más allá de las particularidades de este paro, que en parte ya han sido atendidas por Taxi Imperial y por las explicaciones de la Alcaldía, lo que vemos es una falla estructural en las normas para el transporte público vehicular en Colombia. Las plataformas digitales continúan creciendo y operando en un vacío jurídico, mientras sus conductores siguen sin tener una normativa integral que proteja sus derechos. Al mismo tiempo, los taxistas, que sí tienen imposiciones regulatorias encima, tienen problemas para competir. La carencia de mejores leyes lleva a la inseguridad, la desconfianza de los usuarios y el hecho de que se sienta ingobernable un servicio que es esencial para todas las ciudades. Entendemos, entonces, la frustración de quienes decidieron parar. Este Gobierno se suma a la lista de administraciones que no han enfrentado el problema de raíz. ¿Hasta cuándo?
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