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La mayoría de los discursos que hemos escuchado en los días posteriores a la primera vuelta presidencial pulverizan la idea de que somos un país que se construye dialogando entre diferentes. Hemos ido desde la ridícula discusión sobre el uso de la camiseta de la selección de Colombia, un símbolo que hasta ahora había servido para la unión nacional, hasta los ataques más peligrosos a la institucionalidad de un presidente que grita “fraude” sin pruebas ciertas para sustentarlo. La actitud de la campaña de Abelardo de la Espriella, de desconocer una orden de juez en instancia de tutela, también es un pésimo precedente. El mensaje que dejan nuestros líderes políticos más populares es perverso: aquí las normas se cumplen solo si les convienen a ellos.
Aunque suene vano, debemos insistir en un llamado a la mesura y al cuidado institucional. Los ánimos están cada vez más enardecidos, lo que aumenta la grieta que separa a las dos Colombias enfrentadas en las urnas y puede desencadenar en graves actos de violencia política. La Constitución y sus instituciones se pensaron como un acuerdo mínimo que permite la resolución de conflictos. Cuando se deslegitima el actuar de la Registraduría y de los jueces, al mismo tiempo que se siembra la idea de que hay una conspiración en curso para desconocer la voluntad popular, perdemos todos.
Los discursos tras los resultados del domingo pasado presentaron dos visiones del país construidas sobre la paranoia. Abelardo de la Espriella insistió en que está bajo amenaza y que hará respetar la democracia “con la fuerza” y que, incluso, dijo, se hará matar en su empeño si es necesario. Iván Cepeda empezó hablando de diversas conspiraciones que ha enfrentado su candidatura, para terminar desconociendo los resultados del preconteo, solo para al día siguiente confesar que no había pruebas. El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha adoptado un discurso apocalíptico que, según él, justifica violar la norma que le prohíbe intervenir en política. Al mismo tiempo ha insistido en un fraude que ha sido desmentido por la Registraduría y por los distintos observadores independientes del proceso electoral.
¿Qué nos queda en medio de este ruido? Un país cada vez más violento. Hemos visto videos de manifestaciones que son recibidas con insultos por parte de otros ciudadanos, amenazas a las sedes de campaña de los candidatos, e intercambio de estigmatizaciones entre una y otra parte. Y las instituciones, llamadas a mediar ese descontento, entran cojas por la deslegitimación. El presidente Petro ya dejó con su retórica fisuras en la credibilidad de la Registraduría y el candidato De la Espriella empezó a hablar de un supuesto plan para robarle la segunda vuelta. Los jueces quedan en el aire con sus decisiones, pues no se acatan con la justificación ligera de que no se está de acuerdo con ellas. Las normas, como la de no intervención en política de los funcionarios, quedan obsoletas cuando a la Casa de Nariño no le interesa cumplirlas.
Después del 21 de junio habrá un país por gobernar que estará lleno de heridas, resentimientos, frustraciones y mucho dolor. Esta campaña solo está sirviendo para acentuar esa realidad. Sin importar quién gane, es claro que millones de personas no habrán votado por él y se sentirán temerosas. El presidente de la República lo es de todos los colombianos. Su rol es ser garante de la estabilidad institucional y de representar incluso a quienes no piensan de su misma manera. Candidatos, deben estar a la altura del momento histórico. Prender fuegos en elecciones puede movilizar al electorado, pero no funciona cuando el objetivo es gobernar al país.
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