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El escándalo en torno a las contrataciones que auspició el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, como interventor de Air-e, dejan muchas preguntas y ante todo la incomodidad de que se utilizan prácticas poco transparentes aprovechando el poder de la intervención estatal. A pesar de que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha postulado como prioridad mejorar la prestación del servicio eléctrico en la costa y luchar contra la corrupción, el comportamiento de sus agentes, incluso si no desencadenan responsabilidades administrativas o penales, es bastante cuestionable. Las respuestas dadas hasta ahora no son suficientes.
Según dio a conocer Cambio, Edwin Palma Egea nombró a su primo hermano Juan Pablo Nieto Egea como gerente de contabilidad. Si suena a un acto preocupante de nepotismo es porque en efecto así lo es. El ministro, entrevistado por la revista, no mostró arrepentimiento alguno: “Él tiene mi apellido, sí, es un primo, pero el contador que tenía la empresa me tocó sacarlo porque me ocultó información, no me obedecía y me tocó poner a alguien de mi entera confianza. Eso no es irregular en una empresa privada. Para mí el contador era clave. Ahí sigue trabajando”, dijo. Si bien hay una discusión jurídica sobre la posibilidad de hacer ese tipo de nombramiento, otra conversación muy distinta es la que dicta la ética. La Constitución, por ejemplo, prohíbe que servidores públicos nombren a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Si no lo permitimos en una entidad pública, ¿por qué sí hacerlo en una empresa que opera bajo intervención de agentes públicos?
Para el Ministerio de Minas y Energía, era necesario intervenir Air-e por una deuda de $1,8 billones. El presidente nombró como interventor al ahora ministro porque era un hombre de su entera confianza. Y, usando esas potestades, este nombró a su primo como gerente de contabilidad. Es decir, sí, se trata de una empresa privada, pero sobre la que se ejercía control gracias a la intervención pública. El Estado colombiano era el que estaba sacando la cara por la administración transparente de la empresa en medio de ruidos de falta de pagos y malos manejos. ¿Acaso no había nadie más de confianza que no se tratase de un familiar? Incluso si no hay una violación a la ley, la óptica es pésima y les envía un mensaje a los colombianos de que las personas cercanas al poder benefician a los suyos sin importar el resto de la ciudadanía.
El problema no termina ahí. Documentos revisados por Cambio muestran que el gerente de contabilidad informó datos errados a la Fiscalía. Reportó que los subsidios no girados por el Ministerio de Minas y Energía a la empresa eran de sólo $18 millones, cuando en realidad estaban por los $335.000 millones. Si eso se suma a otras investigaciones en curso por contratos entregados a consorcios sin experiencia, se acumulan las preguntas. No sirve que la respuesta del ministro sea hablar de “fuego amigo” dentro del gobierno o incluso desacreditar los cuestionamientos éticos. La transparencia es importante y las formas en que se tramitan encargos tan importantes como una interventoría les permiten a los colombianos entender qué se está haciendo para combatir la corrupción. A todas luces, el ministro Palma falló en sus deberes.
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