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La conferencia del llamado Grupo de La Haya en Bogotá, conformado por ocho países, copresidido por Colombia y Sudáfrica, y a la que asistieron representantes de 32 Estados, cumplió con su objetivo de constituirse en un espacio internacional de rechazo ante las atrocidades que está cometiendo el gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza. Su declaración final, que solo fue firmada por 12 de las delegaciones asistentes, es un compromiso a bloquear el suministro de armas, combustible y equipo militar a Israel, revisar sus contratos públicos para evitar apoyo a la ocupación y garantizar justicia por las violaciones al Derecho Internacional. El reto es sumar más países a denunciar los crímenes contra los gazatíes y adoptar medidas eficaces para acabar con el horror diario.
El Grupo de La Haya se conformó para coordinar acciones concretas, incluidas medidas legales y diplomáticas, contra la ofensiva de Israel en Gaza. Sus miembros son Bolivia, Cuba, Honduras, Senegal, Sudáfrica, Malasia, Namibia y Colombia, países que decidieron pasar a la acción frente al silencio de la Organización de Naciones Unidas, e individualmente de buena parte de los países que la conforman, en especial las grandes potencias.
En una reciente columna publicada por The Guardian de Londres, el presidente Gustavo Petro manifestó que las naciones “tienen el deber de plantar cara a Israel (…), introducir medidas jurídicas, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción de Israel (en Gaza) y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por encima de la ley”. Los más de 58.000 muertos que ha causado la retaliación israelí contra los gazatíes, la inmensa mayoría de ellos civiles, dentro de los cuales un 30 % son niños, debe terminar. De allí que sea importante no solo levantar la voz, sino que se adopten medidas efectivas que terminen con los crímenes que se continúan cometiendo día a día allí.
La pregunta es qué tanto impacto puede tener el Grupo, conformado por países que no son jugadores de peso en la geopolítica internacional. Su capacidad, entonces, es simbólica, por lo que su éxito dependerá de si sus llamados logran tener un apoyo más amplio. Teniendo en cuenta cómo está organizada la política globalmente, tememos que no sea así.
Eso sí, se reconoce que el presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros mandatarios en denunciar lo que ya se avizoraba como una respuesta que sobrepasaba los límites del Derecho Internacional, por parte de Israel, luego de los ataques del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023, que causaron cerca de 1.200 israelíes muertos y más de 250 secuestrados. Esa actitud de liderazgo internacional se sumó a la denuncia de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia para exigir la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. Estos hechos, acordes con una correcta posición jurídica, ética y moral, habrían tenido mayor legitimidad si el propio presidente Petro hubiera condenado el ataque terrorista de Hamás, donde fueron asesinados dos ciudadanos colombianos.
De igual manera, y en aras de la coherencia, el presidente debería condenar la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, con orden de detención internacional de por medio en el caso que se le sigue por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. En la lucha por repudiar los crímenes de guerra y lesa humanidad no se puede ser selectivo. La coherencia ayudará al Grupo de La Haya a, por lo menos, hacerse escuchar, mientras se consigue materializar el clamor por la paz.
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