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La alocución presidencial del viernes pasado mostró las dos caras que han caracterizado a la Casa de Nariño liderada por Gustavo Petro. Por un lado, el mandatario denunció terribles actos de corrupción dentro de la Nueva EPS, que ya están siendo objeto de investigación y que necesitan despertar la indignación del país entero. Por el otro, sin embargo, utilizó el momento para lanzar amenazas poco disimuladas y desentenderse de las propias fallas que el Gobierno ha causado en el sistema de salud.
Las cifras que compartió el presidente Petro sobre Nueva EPS no son nuevas, pero sí demuestran la magnitud del desastre. Respondiendo al informe de la Contraloría que también comentamos en este espacio la semana pasada, el mandatario dijo que “se trata del enorme robo a la salud de Colombia. La demostración, no solo el discurso, de que en este país han estafado al pueblo de Colombia por decenas de billones de pesos (…) trasladados a un cartel de la contratación que está detrás de la Nueva EPS”. Acusó a la pasada junta directiva de Nueva EPS por presentar información falsa: “La Nueva EPS venía presentando esa contabilidad maquillada a los gobiernos pasados”.
El presidente tiene razón en indignarse y en pedir respuestas. Esos hechos fueron también denunciados por la Controlaría. Además, el fin de semana pasado, El Tiempo tuvo acceso a la acusación contra José Fernando Cardona Uribe, quien presidió la Nueva EPS desde el 12 de noviembre de 2009 hasta el 24 de enero de 2024. En ella, el ente acusador dice que “el señor Cardona Uribe, al ostentar la calidad de servidor público y tener dentro de sus facultades la de disposición de los recursos de la EPS, debía propender por la protección de los recursos públicos, situación que no ocurrió, ya que conocía y sabía que la empresa promotora que él representaba tenía indicadores negativos y, pese a ello, suscribió y presentó estados financieros con información falsa”. Son hechos gravísimos y la justicia tiene que explicarle al país qué ocurrió. Todos los involucrados han negado que sabían lo que estaba ocurriendo.
Lo que no mencionó el presidente Petro fue cómo la intervención estatal tampoco ha sido una solución mágica. Las quejas contra Nueva EPS aumentaron, no se han presentado informes financieros de 2023 y de 2024, y este 2025 hemos visto un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar. Peor aún, las organizaciones de actores del sistema de salud se han lamentado por la falta de diálogo y disposición en el Gobierno. Hasta la Corte Constitucional ha salido vapuleada en los discursos de la administración Petro por haber encontrado que el aumento de la Unidad de Pago por Capitación fue insuficiente. Es en ese marco que llegamos a la frase más preocupante de la alocución presidencial: “Señores de la Comisión Séptima, pueden decidir, mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar”.
En otras palabras: o se aprueba la reforma del Gobierno o el sistema se derrumba. Más allá de la hostilidad que eso significa con la autonomía del Congreso, deja entrever que esta administración no comprende que su labor en este momento es respetar las normas actuales. Mientras no haya reforma, el sistema que es ley es el que tenemos, y si la Presidencia no toma acciones para garantizar la prestación adecuada del servicio, todos los colombianos sufren. No, no todos los actores son corruptos ni están en conspiración contra la Presidencia. Creer eso significa que caemos en la negligencia y la inacción. El Gobierno no puede abandonar sus responsabilidades esperando que su reforma sea aprobada bajo amenazas.
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