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El anuncio de la Fiscalía sobre la urgencia de imputar a dos personas que tuvieron altos cargos en el gobierno de Gustavo Petro pone de presente la importancia de que la justicia, tanto el Tribunal Superior de Bogotá como la Corte Suprema de Justicia, den cuenta pronto de los alcances del escándalo protagonizado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Las investigaciones se han dilatado en el tiempo, mientras que los colombianos conocemos a cuentagotas las pocas declaraciones que han sido publicadas en varios medios de comunicación. Tanto por el derecho al debido proceso de los implicados como por la legitimidad del gobierno Petro, es fundamental que el proceso se adelante con transparencia.
El momento del anuncio es, cuando menos, curioso. Mientras la Fiscalía estaba siendo criticada por su desconocimiento de los archivos secretos de alias “Calarcá”, dados a conocer por Noticias Caracol, el ente investigador dio la noticia de que pedirá audiencia de imputación contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Es extraño que hayan demorado tanto en hacerlo, pues desde hace meses, como hemos comentado en este espacio en varias ocasiones, hay evidencias que enlazan a los dos funcionarios del Gobierno. En todo caso, no deja de ser escandaloso y preocupante que figuras de tan alto rango estén involucradas, junto con Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Esto es lo fundamental: la justicia está en mora de contarle al país si Bonilla, Velasco y los demás políticos involucrados hicieron un pacto de repartición de los recursos de la Ungrd a cambio de favores en el Legislativo. Eso es lo que han dicho varios testimonios que ya obtuvieron principios de oportunidad con la Fiscalía, pero la existencia de esas declaraciones por sí mismas no prueban el entramado. Bonilla y Velasco, al conocer la noticia de sus imputaciones, insistieron a través de sus apoderados en que se trata de un montaje y de un intento por obtener beneficios judiciales a cambio de involucrar a personas que no tuvieron nada que ver.
En medio del proceso que adelanta contra varios congresistas, la Corte Suprema dijo sobre Velasco que “el entonces ministro del Interior no era ajeno a los asuntos que se estarían ajustando. Por el contrario, fue delegado para esos menesteres conforme se lo dijo el propio (Ricardo) Bonilla a su asesora (María Alejandra) Benavides el 31 de octubre de 2023”. Benavides, por su parte, en información que conocimos hace unos meses, ha insistido en que todo fue coordinado por el exministro Bonilla y para eso aportó múltiples chats de WhatsApp. Por su parte, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, ha insistido desde el principio en que la orden vino desde altos cargos en el Gobierno.
Lo que tenemos, sin embargo, siguen siendo especulaciones, porque la justicia no ha llegado a conclusiones en los casos más importantes. Ya que los juicios se presentan como inevitables, los procesos necesitan avanzar de manera eficiente. Todo esto ocurrirá en medio de las elecciones, lo que complejiza aún más las implicaciones de lo que se decida. Lo más importante es que los colombianos sepan por qué ocurrió el robo de la Ungrd y de qué forma operó la corrupción de la que nos hemos venido enterando durante estos años.
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