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Tienen muy corta memoria los colombianos que celebraron la orden de captura contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez, y contra la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. O, tal vez, solo muestran una preocupante ignorancia sobre la historia reciente y no tan reciente de Guatemala, nuestro país hermano, que ha sido secuestrado por la corrupción y estuvo a punto de tener un golpe de Estado en las pasadas elecciones. Sin el contexto adecuado, no se puede comprender por qué la decisión de un tribunal en ese país contra nuestros connacionales no es más que un intento más por silenciar a quienes han luchado contra la impunidad en ese país. El rechazo de Colombia debe ser vehemente y sin ningún tipo de atenuante.
Velásquez y Camargo hacen parte de la historia de Guatemala. Ambos fueron miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que desde 2008 hasta 2019 le mostró al mundo cómo se puede combatir la corrupción con investigadores disciplinados, rigurosos y transparentes. El éxito de la CICIG fue rotundo, así haya un sector de la derecha internacional que busque proponer una historia revisionista. Las cifras hablan por sí solas. Durante los años de funcionamiento, se investigaron más de 70 estructuras criminales de alta complejidad, se llevaron más de 120 casos de alto impacto, se realizaron más de 300 condenas y hasta se llegó a investigar a la familia del entonces presidente Jimmy Morales. Por eso la decisión fue cerrarla sin miramientos, en un acto de cobardía y de complicidad con la impunidad.
Contrasten ese antecedente con las personas que ahora buscan cazar a Velásquez y a Camargo. Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, está en la lista de funcionarios corruptos de los Estados Unidos y también ha sido denunciado por la Unión Europea. En 2023, cuando Bernardo Arévalo dio la sorpresa en las elecciones y se proyectó como el posible próximo presidente, Curruchiche lideró el proceso judicial que buscaba desconocer la democracia y dar un golpe de Estado. Los lectores asiduos de estas páginas también recordarán que hace un tiempo hablamos del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien lleva más de mil días detenido sin cargos en su contra por cometer el terrible delito de ser crítico de la clase política y empresarial de Guatemala, que tiene lazos con Curruchiche. ¿Es ese el adalid de la justicia que algunos miembros de la oposición colombiana buscan ahora enaltecer?
Las acusaciones contra Velásquez y Camargo son ridículas. Palabras más, palabras menos, dicen que se aliaron con miembros de Odebrecht para evitarles sanciones. Cuando la CICIG fue clave, precisamente, por llevar a cabo investigaciones de casos de corrupción de alto nivel. No se le puede dar juego a la Fiscalía de Guatemala, que ha buscado destruir el Estado de derecho en el país centroamericano. Por eso el gobierno de Arévalo no se guardó adjetivos cuando se enteró de lo ocurrido con Velásquez y Camargo. En un comunicado, el presidente dijo que la Sala de Apelaciones que emitió la orden de captura no cuenta “con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional” y que “estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”. No nos sorprende. Nadie en Colombia debería caer en la trampa de hacerles el juego a quienes tanto daño le han hecho a Guatemala.
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