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Convocar la consulta popular mediante decreto sería una “jugadita” que, además de tener muy poco piso jurídico, se convertiría en una agresión contra la ética. El gobierno que llegó a la Casa de Nariño catapultado en la idea del “cambio”, de romper con los vicios de la clase política, no puede ahora valerse de una frágil leguleyada para saltarse el Congreso, por más creativo que se sienta el ministro del Interior, Armando Benedetti. Si considera que hubo un vicio en el trámite de la votación, tiene las herramientas para discutirlo en los tribunales, así como puede seguir insistiendo en la aprobación de la nueva consulta popular. Lo que es inaceptable, y crearía un precedente nefasto, es que se burle la decisión de la Rama Legislativa y se pretenda que el país entero acepte el espectáculo que se ha montado.
Parecía irreal cuando lo propuso, pero ayer el ministro del Interior volvió a insistir en su idea. Según Benedetti, como no se leyó en voz alta la proposición que se estaba votando, el Congreso violó su propio reglamento y entonces el hundimiento de la convocatoria a la consulta no fue tal. En su momento, en rueda de prensa, el ministro dijo: “No se leyó. Entonces, el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”. Bienvenidos a Macondo.
Solo hay un problema: sí sabemos qué se votó, sabemos cuál fue el resultado y sabemos que el secretario del Senado lo certificó siguiendo los procedimientos del Congreso. El ministro Benedetti también supo qué se votó y cómo, pues inmediatamente acusó el fraude e hizo todo lo posible por cambiar el resultado, argumentando que en realidad hubo empate cuando no fue tal. Desconocer esa realidad que se presentó ante el país entero implica un acto de fe, de mala fe, y no deja de ser una estrategia desesperada que no le hace honor a lo que busca el Gobierno: más democracia.
Ayer el ministro Benedetti volvió a la carga. “Ya van dos expresidentes de la Corte Constitucional que dicen que el presidente Petro sí puede convocar la consulta popular por decreto”, escribió en su cuenta de X, y en otro mensaje fue más allá: “Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la consulta popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y jugaditas”. El domingo el presidente Gustavo Petro hizo lo propio: “Hoy por hoy, la consulta popular es decretable de acuerdo con la Constitución y la ley. El poder soberano no se puede acallar en una democracia”. Lo que no dice ese último mensaje es que saltarse al Congreso es acallar al pueblo que se manifestó en las urnas eligiendo a esos congresistas, por más que no le gusten a la Casa de Nariño.
En columna para El Espectador, el jurista Rodrigo Uprimny explica que “la votación que negó la consulta existió (...). Otra cosa es que pueda ser nula por el vicio señalado por Benedetti (que no creo que lo sea). Pero mientras no haya una decisión judicial anulando la votación, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada. Cualquier otra cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes”. El Gobierno todavía puede buscar negociar la reforma laboral que avanzó, o insistir en la nueva convocatoria a una consulta popular, o utilizar los tribunales para cuestionar la votación en cuestión. Lo que no puede es utilizar un decreto para burlarse de la democracia, invocando, supuestamente, su interés democrático.
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