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Parece una novela de Gabriel García Márquez: uno de los senadores más votados en las pasadas elecciones se encuentra en prisión y está preguntando si, de todas maneras, puede posesionarse en el Congreso el próximo 20 de julio. No es realismo mágico; es Colombia. El Partido Conservador, que a placer celebró los 129.180 votos que sacó Wadith Manzur, guarda un cómodo silencio, mientras la Corte Suprema de Justicia remitió una consulta al Senado de la República sobre si una medida de aseguramiento es razón suficiente para impedir la posesión. Ese es el tipo de discusiones jurídicas a las que nos somete la ridícula realidad de este país.
Sí, Manzur tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Eso no se cuestiona. Tanto él como todos los involucrados con la posible corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tienen derecho a defenderse ante los tribunales. Sin embargo, contra Manzur y Karen Manrique, otra congresista que tiene en miras posesionarse este 20 de julio, dictaron una medida de aseguramiento. En ella, la Corte Suprema de Justicia, que lleva los casos, dice tener suficientes indicios no solo de que se cometieron delitos, sino de que la libertad de los involucrados puede torpedear el proceso. Más allá del debate jurídico hay uno de ética: ¿con qué cara Manzur y Manrique pretenden posesionarse en el Congreso si están en prisión? ¿Dónde está el respeto a la institucionalidad, a la rama judicial, a los colombianos que votaron por ellos?
Incluso si se trata de una persecución judicial (y debemos ser claros en que no hemos visto ningún actuar de la Corte que lleve a pensar en un abuso de su poder), el punto aquí es que hay un total desprecio por lo que deben representar los congresistas electos. ¿Qué dice el Partido Conservador, que dio el aval sabiendo de la investigación en curso y ahora tiene a uno de sus senadores más votados en prisión? ¿Dónde está la responsabilidad política? ¿Quién, además, le responde a esas más de cien mil personas que votaron por alguien inmerso en serias acusaciones de corrupción? ¿O el argumento será que ellos sabían por lo que estaban votando, que todos confían en Manzur y que por ende debería poder posesionarse?
Claro, el caso de Manzur no es el único. Además de Manrique, cuyo esposo tuvo que recoger su credencial como representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca, Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, fue condenado a 23 años de cárcel por cohecho propio y concierto para delinquir, pues al parecer intervino en la asignación de manera irregular de contratos estatales por más de 90.000 millones de pesos colombianos. Ramírez, al igual que Manrique y Manzur, sigue negando su responsabilidad y defiende su inocencia. El daño a la democracia ya está hecho: ni siquiera ha empezado el tiempo del nuevo Congreso y los colombianos van viendo una lista creciente de personas elegidas que terminan en líos judiciales.
¿Qué podemos hacer para evitar estos hechos? Una primera responsabilidad cae en los partidos, que se han convertido en ferias de avales y se lavan las manos cada vez que hay una condena. Una segunda la tiene el mismo Congreso, que se ha negado una y otra vez a una reforma política efectiva, profunda, y que además cree mecanismos independientes de verificación. Qué falta nos hace un Consejo Nacional Electoral que no esté controlado por las fuerzas políticas y que no persiga casos según sus caprichos. Un tercer problema es cultural, pues la complicidad con las prácticas clientelistas se encuentra en todos los rincones del país, bajo la idea de que “así funcionan las cosas”. Seguimos nadando en un realismo mágico cruel.
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