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La salida de Efraín Cepeda, presidente del Senado, entre aplausos y vítores de la oposición, fue una imagen muy elocuente de lo que ocurrió en la sesión donde se hundió la consulta popular presentada por el Gobierno. Si bien todo parece indicar que no se violó la ley como para hablar de fraude, las “jugaditas” fueron evidentes para cualquier observador de ese espectáculo bochornoso en el que se convirtió la plenaria del Senado. En ese contexto, era apenas natural que el presidente de la República, Gustavo Petro, radicalizara su discurso y llamara a las calles de manera permanente a sus copartidarios. Seguiremos en fuertes tensiones a medida que nos acercamos a las elecciones legislativas y presidenciales del año entrante, y solo confiamos en que todas estas piruetas políticas no terminen activando la violencia.
El deber del presidente del Senado no era hundir la consulta popular. Tampoco lo era del secretario de la plenaria, Diego González. Sin embargo, sus actitudes mostraron una inquina innegable hacia el Gobierno nacional y su proyecto de consulta popular. Así, los llamados a imponer el orden y promover la transparencia de una votación crucial en la coyuntura política compleja que vivimos parecieron estar más interesados en cerrar el debate y la votación cuanto antes. Dirán, y es cierto, que la ley les permitía tener una votación abreviada, pero ante un asunto tan delicado no se justificaba el afán, en detrimento de garantizar que todas las personas interesadas en votar pudieran hacerlo. No estaríamos en los discursos tan extremistas que hemos visto en los últimos días si el Congreso se hubiera tomado en serio la necesidad de mostrar transparencia y apertura al diálogo.
Es de celebrar, pese a la retórica incendiaria del presidente, que los recursos que se han presentado hasta ahora buscan tramitar las diferencias a través de la institucionalidad. Las acciones de tutela que se anunciaron, la apelación que propuso la senadora María José Pizarro e incluso el anuncio de volver a presentar la consulta popular con una pregunta adicional son evidencia de que nuestra Constitución y nuestras normas tienen las herramientas necesarias para enfrentar cualquier tipo de choque de poderes. Incluso el mismo presidente, que ha mostrado su hastío con el Congreso, parece ser consciente de la importancia de seguir dando la pelea dentro de los cauces democráticos, más allá de sus excesos discursivos. En un mundo donde este tipo de estancamientos han llevado al autoritarismo y a los abusos, no es menor que las fuerzas políticas en Colombia les sigan apostando a las instituciones.
El Gobierno tiene varias opciones sobre la mesa que no debería desperdiciar. Tal vez la más importante es la resurrección de la reforma laboral, que terminó apoyando. Dado que allí se encuentran los puntos de la consulta, el Ministerio del Trabajo y el del Interior deberían enfocar sus esfuerzos en construir una ley que beneficie a todos. Eso implica una palabra que no le gusta mucho la Casa de Nariño: ceder. Tal vez haya voluntad en el Congreso para aprobar un proyecto que surja de un consenso más amplio, lo que le permitiría además “lavar la cara” de sus excesos obstruccionistas. El tiempo juega en contra, pero alcanza si hay voluntad, así que hay que moverse con determinación.
No podemos permitir que se incendie el país. Incluso un Congreso obstinado sigue siendo una rama legítima del poder público que puede ejercer su autonomía como lo considere. No se puede destruir el equilibrio de poderes solo porque hay desacuerdos sobre cómo debe dirigirse el país. La salida debe ser institucional. Para la cuenta de cobro por los errores y los excesos, siempre estarán las urnas, que el año entrante se abrirán de nuevo.
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* Este texto fue modificado de una versión inicial que presentaba a la senadora María José Pizarro como representante a la Cámara.
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