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Las recientes decisiones de las autoridades judiciales en el caso de corrupción con el manejo de recursos destinados a riesgos y desastres llegaron a la Casa de Nariño. Esta semana terminó con el anuncio de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides, quien trabajaba como asesora directa del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esto se suma al dominó de condenas, gracias a principios de oportunidad, que se conocieron en las últimas dos semanas. Lo que la Fiscalía ha podido investigar hasta ahora muestra no solo un entramado de algunas pocas manzanas podridas para rifarse los recursos públicos, sino la normalización dentro del Gobierno de una estrategia para ofrecer cuotas y contratos a cambio de votos en el Congreso.
Todavía no son del todo claros los detalles sobre quién sabía qué y de qué forma se transgredieron las líneas de lo penal, especialmente en lo relacionado con las conversaciones entre el Gobierno nacional y el Congreso. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia no han mostrado todas sus cartas y, por tanto, sería irresponsable lanzar conclusiones sobre delitos y responsables. Sin embargo, la imputación contra Benavides, por tráfico de influencias de servidor público, sí muestra una práctica que el Gobierno del cambio no llegó a cambiar. La defensa de los involucrados, de labios para afuera, le hace eco a lo que el presidente Gustavo Petro utilizó en su momento para defender al ministro Armando Benedetti en un proceso por el mismo delito. En entrevista con El País, de España, el presidente dijo: “El único proceso judicial en firme en su contra es por tráfico de influencias. Si me pongo a ver todo lo que me rodea, todos hacen tráfico de influencias. Todos intentan influenciarme”.
El fondo, entonces, es que la práctica de la política, argumentan, está necesariamente ligada a las transacciones impropias tras bambalinas. Tú me apoyas, yo te ayudo a cultivar feudos haciendo un uso indebido de la contratación pública. Lo que ha mostrado el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es que esa práctica se presta para abusos que terminan en situaciones nefastas, desde el aspecto humano y en el manejo de los recursos públicos. Benavides, por ejemplo, se refirió así al exministro Bonilla: “Él me usó, él usó el hecho de ser ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”. El “eso” era lograr que las comisiones económicas en el Congreso apoyaran conceptos de crédito presentados por el Gobierno.
Las primeras condenas del caso de la UNGRD muestran un círculo que se aprieta en torno a cabezas políticas. Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Unidad, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión; Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la entidad, recibió condena a cuatro años y diez meses; Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo en la Unidad, fue condenado a tres años y siete meses; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno, ya fue imputada, y a ella se suma ahora la imputación de Benavides. Falta entender el rol de los políticos, tanto en el Congreso como en la administración de Petro, en toda esta maraña transaccional. Especialmente, responder la pregunta sobre cuáles son los límites de la llamada “mermelada” como herramienta de negociación para poder ver si en Colombia se normalizó, al punto de la insensibilidad, que esa sea la única manera posible de hacer política. Nos negamos a que sea así.
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