No han sido unas elecciones en paz. A pesar de las garantías del Gobierno Nacional sobre el aumento del pie de fuerza y del acompañamiento a candidatos, las zonas más críticas del país siguen sometidas a la violencia, la manipulación y los altos riesgos de fraude. Como si hiciera falta una imagen, los videos que circularon sobre el asesinato esta semana de dos escoltas del congresista Jairo Castellanos son dolorosos y elocuentes: una camioneta baleada de forma ruin con el objetivo de causar el mayor daño posible y sembrar terror en el país entero. Los informes de alertas que se han emitido, junto con las noticias sobre candidatos que renuncian a sus aspiraciones, muestran que estamos lejos de un proceso democrático posible.
Las palabras del congresista Castellanos traen el eco de tantas tragedias que ha sufrido este país. En entrevista con Caracol Radio, el legislador fue crudo: “Me masacraron a mis muchachos, un esquema de seguridad en el que uno (de ellos) llevaba 10 años conmigo y el otro casi dos. Eran parte de nuestra familia”. La camioneta iba a recogerlo mientras hacía campaña en el departamento de Arauca. A las pocas horas del asesinato, Guillermo Murcia y Janeth Grueso, candidatos a las curules de paz de Arauca por el consejo comunitario Los Chorros, renunciaron a sus aspiraciones sin dar muchos detalles. Hace apenas unos meses el gobernador de ese departamento, Renson Ramírez, fue atacado de manera similar a como murieron los escoltas de Castellanos. Las respuestas de las autoridades han sido insuficientes para garantizar un proceso electoral libre en esa región.
No es la única. La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su libro Mapas y factores de riesgo electoral, donde identifica por lo menos 170 municipios que tienen riesgo de fraude electoral y violencia. Hay por lo menos 81 con un riesgo extremo, un 65 % más de los que hubo en 2022. Según la Misión, esto pasa, entre otras razones, por “la fragmentación del conflicto armado y la persistencia de vacíos de seguridad”. A finales de enero se reunió la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral, donde la MOE contó que la violencia contra líderes políticos pasó de un 15 % a un 59 % entre 2021 y 2025. Los principales focos de violencia se encuentran en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que por última vez elegirán 16 curules creadas por el Acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano.
Sobre las Citrep, el registrador nacional, Hernán Penagos, alertó hace unos días que ya se han inscrito 1.430.000 personas para votar, lo que es extraño. “Encontramos que el aumento de la inscripción de ciudadanas y ciudadanos para votar en las Citrep está muy elevado. Eso quiere decir que se están trasladando de los centros urbanos a inscribirse en los sectores rurales para influir en este proceso electoral”, dijo. Es decir, estamos ante otro incumplimiento del Acuerdo de Paz, que se une al desinterés que mostró el gobierno Petro durante estos años para implementar lo pactado. Mientras los candidatos de los movimientos sociales en Arauca están teniendo que renunciar, la violencia continúa en los territorios de influencia y se está moviendo mucho dinero para quedarse con esos espacios en el Congreso. Un fracaso por donde se le mire.
Todo está conectado. El dinero ilícito se mezcla con los engranajes políticos y se apuntala con la violencia para manipular las elecciones, alejar a los candidatos honestos y robarse la democracia. Con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el Gobierno Nacional prometió unas elecciones con garantía de derechos y en paz. Ocho meses después hemos seguido contando los atentados, las amenazas y los muertos. ¿Quién les responde a los colombianos?
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