¿Para qué las normas electorales si no se respetan?

Nos invitan al delirio colectivo. Nos dicen que lo que estamos viendo no es lo que estamos viendo y que apoyar públicamente una campaña no es violar la ley que prohíbe apoyar campañas.

Foto: Procuraduría

Parece que entramos en un momento de delirio colectivo en torno a lo que significa “intervenir en política”. Lo han exhibido desde el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien en teoría debe hacer cumplir la norma de no intervención por parte de servidores públicos, hasta el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien suelta declaraciones a la prensa con interpretaciones que no serían aceptadas en una clase de lógica elemental. Mientras los candidatos se quejan por el abuso del Estado para sabotear la campaña, queda la sensación de que la norma no se está cumpliendo porque a los líderes políticos no les interesa respetar lo que la norma obliga.

En una entrevista con Blu Radio, el procurador Eljach intentó explicar, pero terminó confundiendo más. Interrogado por la falta de acción de la Procuraduría, dijo que están en proceso de acumular los casos y remitir a la Comisión de Acusaciones los que tienen que ver con el presidente Gustavo Petro. En medio de esa conversación, lanzó una lectura bastante preocupante de la norma: “La vida privada no trasciende al mundo de lo público”. En esencia, dijo que si un servidor público utiliza un espacio “privado”, como sus redes sociales, para hacer declaraciones que intervengan en política, eso no es violatorio de la ley.

Lo anterior no tiene ningún sentido. Si el espíritu de la norma es que no se puedan utilizar los recursos públicos y el peso de los cargos para influir en una campaña, ¿cómo es posible que las redes sociales, incluso las cuentas personales, no se incluyan en los espacios prohibidos? Permitir los espacios privados deja varias lagunas que facilitan tender la trampa. Como el reciente evento del senador Iván Cepeda. Los videos muestran un público que desborda lo privado y se asemejan a un mitin político, a pesar de que según la ley las campañas terminaron el pasado domingo. De nuevo, queda en el ambiente la sensación de que a nadie le interesa cumplir lo que estipula la ley.

Es claro que en esta conversación el actor más descarado ha sido el Gobierno Nacional. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo hace poco que es necesario salir a votar en masa para que el proyecto del presidente no se estrelle. Mientras tanto, el mismo mandatario ha seguido enviando publicación tras publicación donde deja patente su desdén por los candidatos de la oposición y su preferencia por el senador Cepeda. A todo esto y sin atisbo de vergüenza el ministro Benedetti lo llama “análisis político” por parte del presidente, para argumentar que la Casa de Nariño no está violando la ley. De nuevo, nos invitan al delirio colectivo. Nos dicen que lo que estamos viendo no es lo que estamos viendo y que apoyar públicamente una campaña no es violar la ley que prohíbe apoyar campañas.

Si no se está de acuerdo con esa norma, habría que tramitar una reforma en el Congreso para que los servidores públicos puedan hacer política, como ocurre, por citar un ejemplo, en los Estados Unidos. Sin embargo, la norma actual es clara y está pensada para que nuestra frágil democracia no sea víctima del mal uso de los recursos públicos y de cargos como la Presidencia de la República para entorpecer el proceso electoral. De poco ha servido en estos meses.

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