El Gobierno de Abelardo de la Espriella acaba de anunciar una reestructuración profunda del Sistema de Medios Públicos, ahora de nuevo llamado Inravisión, pero posicionado en los últimos años como RTVC. Las primeras medidas contemplan desmantelar los espacios informativos y de opinión, revisar los contratos suscritos por la administración pasada y entrar en fase de construcción de la estrategia a mediano plazo. Estamos de acuerdo con el diagnóstico: los últimos cuatro años vimos cómo la televisión pública se supeditó a los intereses del presidente de turno, Gustavo Petro, mientras que asfixió de recursos a proyectos valiosos que no iban acorde a ese interés político. Sin embargo, este el momento en el que Colombia necesita dar un debate abierto, ojalá en el Congreso, que responda una pregunta básica: ¿para qué queremos televisión y radio públicas?
La ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, emitieron un comunicado en el que acusaron de “propaganda” a toda la producción del Sistema de Medios Públicos del cuatrienio anterior. Dijeron que pasarán a revisar más de 1.051 contratos por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. En particular, van a observar los 87 contratos suscritos entre el 6 y el 7 de agosto por un monto aproximado de 4.000 millones de pesos. Para este fin, convocaron a la Procuraduría y a la Contraloría. Debe hacerse. ¿Sí se trató de contratos urgentes y necesarios? Eso es lo que deben responder cuanto antes la nueva administración y las autoridades competentes.
El otro anuncio se concentró en la franja de operación informativa desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Según los datos de la ministra y la directora, el 90 % de los recursos y del personal disponible se destinaba a esos espacios, que incluían noticias y opinión. La nueva programación, dijeron, se concentrará en la cultura, el arte y la educación.
Creemos que la ministra y la directora aciertan en el diagnóstico. En efecto, los últimos cuatro años demostraron el problema de un sistema informativo al servicio de intereses políticos particulares. Hasta la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea advirtió en dos ocasiones cómo, durante las pasadas elecciones, se privilegió el espacio del candidato oficialista. Cuando el entonces presidente Iván Duque anunció que RTVC pasaría a tener un espacio de noticias, elevamos nuestra preocupación: disponer tantos recursos públicos a un espacio “periodístico” sin que haya salvaguardas implica abrir la puerta a la manipulación por el gobernante de turno. Eso ocurrió.
En entrevista con Blu Radio, Álvaro García, exgerente de RTVC que materializó esa idea del presidente Duque, aceptó el error. “Quienes nos hicieron esa observación tenían razón en lo que estaban pensando, pero estaban equivocados de que iba a pasar en este momento, y pasó después. Entonces realmente yo creo que es el momento de hacer una reflexión profunda sobre la estructura y el papel que deben jugar los medios públicos en Colombia”, dijo al aire. En columna para Cambio, profundizó la idea, argumentando que “la buena voluntad de un presidente y la independencia profesional de un gerente y su equipo no constituyen un modelo institucional a prueba de intentos de asalto por parte de la política”. Descubrió, muy tarde, que el agua moja.
La solución no es limitar lo que el Sistema de Medios Públicos pueda producir. Una pregunta más interesante es cómo vamos a entender la radio y la televisión pública en la época digital. La mejor versión de Inravisión apoya proyectos nacionales y regionales que ayudan a la diversidad de expresiones. Eso pasa por apoyar producciones que pueden no ser exitosas en el punto de vista comercial, pero sí le muestran al país otras maneras de contar. El Congreso también debería dejar claro desde ya cómo entender las franjas informativas tanto a nivel nacional como departamental. Si van a continuar, un modelo como el de la BBC, con reglas claras y administración independiente de quien esté en la Casa de Nariño (o, bueno, el Palacio de San Carlos), es un buen ejemplo. Pero necesitamos reglas claras. Ya vimos lo que pasa cuando todo depende de la “buena voluntad”.
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