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Es incomprensible el actuar de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). En una carta enviada a varios medios de comunicación, y publicada por W Radio, se pide enviar información confidencial del oficio periodístico, entre eso documentos que comprueben los procesos adoptados en los consejos editoriales. En explicaciones posteriores, las comisionadas han procurado decir que no se trata de un intento de censura y que cada medio puede decidir qué información confidencial enviar, pero no deja de ser extraña la intromisión en un punto tan importante y delicado como las decisiones de qué y cómo se emite en los espacios noticiosos.
En la carta, firmada por Zoila Vargas Mesa, coordinadora ejecutiva de la CRC, piden una serie de documentos para demostrar la imparcialidad, objetividad y veracidad de los procesos de los medios de comunicación. La parte más problemática reza así: “Describa cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques. Anexe soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de estas decisiones”. La misiva también advierte que “el incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes”.
Los consejos editoriales son la pieza angular del trabajo autónomo de los medios de comunicación. Allí se toman decisiones sensibles, se hace seguimiento a las investigaciones, y poder hablar libremente es indispensable para poder cumplir nuestro compromiso con la audiencia de vigilar a los poderosos y construir confianza. El corazón de la libertad de prensa late en esos encuentros, que están resguardados de los ojos de los poderosos, y también del Gobierno, precisamente por los intereses que se investigan. Es muy extraño que la CRC quiera tener registro de lo que allí se hace. ¿Acaso una entidad estatal quiere decirles a los medios qué es y qué no es noticioso, y cómo deben elegirse las notas que se publican? Esa es la apertura a una espiral de censura muy problemática.
Lo dijo claramente la Fundación para la Libertad de Prensa: “Peticiones como las que hace la CRC, relativas a relatorías, actas y mecanismos de decisión editorial, constituyen una forma de censura indirecta. Primero, porque en esos espacios pueden discutirse temas amparados por la reserva de fuente, protegida constitucionalmente. Segundo, porque exigir su entrega afecta la autonomía editorial y genera un efecto inhibidor sobre la deliberación interna”. Tienen toda la razón.
También fue extraña la respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro. Cuando Julio Sánchez Cristo, director de la W, publicó la carta de la CRC, el mandatario escribió: “Se dirige esa carta a actuar de acuerdo con el fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme. No se me censurará solamente a mí, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético”. No, presidente, el Consejo de Estado pidió que se cumplan las normas sobre las alocuciones presidenciales, que no se pueden convertir en espacios caprichosos de propaganda institucional. Lo que hace la CRC no tiene que ver con la decisión del Consejo y tampoco parece tener sustento jurídico. Necesitamos un rechazo vehemente desde la Casa de Nariño, que en el pasado ha mostrado su inconformidad con los medios de comunicación que no siguen la línea oficialista.
Sí, los medios de comunicación tenemos responsabilidades. Sin embargo, la libertad de prensa es una parte esencial de nuestra democracia. Eso pasa por la no intervención abusiva del Estado en decisiones editoriales. Todas las alarmas están prendidas con el actuar de la CRC.
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