Colombia sigue siendo un TERRItorio de conflicto y, en las zonas más rojas, las personas vulnerables siguen siendo perseguidas. Eso es lo que demuestra un angustioso informe presentado esta semana por Crisis Group sobre personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y queer (LGBTIQ+). El documento recogió testimonios en Nariño, Guaviare, Chocó, el Catatumbo y los Montes de María. Los hallazgos son descorazonadores. Las personas se sienten desprotegidas y perseguidas mientras que los grupos criminales ejercen como Estado de facto, ante la incapacidad de los gobiernos nacional y locales para controlar el territorio y garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
Como ocurrió en los años del conflicto y lo denunciaron la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, los territorios a donde no ha llegado la paz son un espacio hostil para las personas LGBTIQ+. Tanto las disidencias de las FARC como el ELN y el Clan del Golfo las amenazan, las desplazan, las extorsionan y las someten a violencia sexual. La violencia es dirigida contra ellas en particular, pues hay un objetivo simbólico de control social, que se vale de los prejuicios y la discriminación para demostrar que los grupos criminales son las autoridades en la realidad. En Nariño y Norte de Santander, “los rebeldes robaron kits de pruebas rápidas de VIH y obligaron a los hombres que sospechaban podrían ser homosexuales a hacerse la prueba; si el resultado era positivo, los asesinaban u obligaban a abandonar la zona. En Catatumbo, tanto el ELN como el Frente 33 han amenazado y asesinado a personas acusadas de ser portadoras del virus”. En el Catatumbo, una mujer trans le contó a Crisis Group que los grupos armados le llamaron la atención porque “daba mal ejemplo a los niños”. En el Pacífico y el Caribe, las comunidades se quejan de la presencia de personas LGBTIQ+ que luego son ajusticiadas por los grupos criminales. El informe también encontró que les realizan controles en los celulares para leer sus conversaciones privadas, les imponen horarios para salir, prohibiciones de maquillarse o usar ciertos peinados, amenazas para que no salgan a fiestas. Incluso, un hombre gay contó que lo citaron por subir una foto “demasiado colorida” a Instagram y lo obligaron a borrar su perfil.
Este modus operandi ya lo conocimos durante el conflicto. Las personas LGBTIQ+ siempre han sido señaladas y perseguidas por los grupos, humilladas públicamente, violentadas y marginadas. Mientras tanto, el Estado hace poco para protegerlas. Ahora que los grupos están más dispersos y no tienen líneas de mando claras, las reglas también son difusas, lo que hace la vida aún más difícil para la población vulnerable. Un líder de Tumaco fue claro: “El precio que se paga [por estos cambios en las dinámicas de un grupo] es la incertidumbre… Es como un sentimiento de ¿será que porque soy gay me van a hacer algo?”. La respuesta suele ser afirmativa.
Mientras el Gobierno nacional defiende su estrategia de seguridad, en las zonas de menor presencia estatal se vive una realidad paralela. Los grupos criminales siguen siendo la ley, imponiendo sus restricciones y reglas, violando los derechos fundamentales y destruyendo las libertades y los proyectos de vida de personas LGBTIQ+. Colombia les sigue fallando a sus ciudadanos más vulnerables.
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