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El presidente Gustavo Petro ordenó a la canciller, Laura Sarabia, en el más reciente consejo de ministros, eliminar los requisitos para ser embajador. “Cualquier hijo de obrero puede ser embajador. ¿No les gusta? Pues este es el Gobierno del cambio”. Lo dijo luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulara el nombramiento de Armando Benedetti –actual ministro del Interior e hijo de un exministro de Comunicaciones– como embajador ante la FAO, dado que no cumplía con dos de los requisitos mínimos: manejar una segunda lengua y certificar un posgrado. El presidente respondió con desdén, incluso estigmatizando al sindicato de la carrera diplomática como uno de “gente blanca”.
La afirmación del presidente es, además de ofensiva, falsa. Tal como se constata en la campaña de redes sociales desplegada por Unidiplo (el sindicato de los diplomáticos de carrera), muchos de los funcionarios que han hecho carrera en el servicio exterior son, de hecho, hijos de obreros. Personas que han pasado años preparándose, estudiando idiomas, concursando, ascendiendo con mérito en un sistema que, aunque mejorable, privilegia la formación por encima del clientelismo. Llegaron por capacidad, sacrificio y vocación de servicio a un Estado, no a un gobierno.
No se anuló el nombramiento de Benedetti por clasismo ni por racismo. Representar a Colombia ante el mundo requiere ciertas competencias básicas. Entre ellas, hablar otro idioma. ¿Cómo se puede participar en negociaciones multilaterales o defender intereses del país sin la capacidad de comunicarse directamente? ¿No es más humillante para Colombia tener embajadores que dependen de traductores o que no entienden lo que se discute? Quien no se puede comunicar, no influye. Así de simple.
El presidente confunde –o tergiversa deliberadamente– la igualdad de oportunidades con la mediocridad. Ser embajador no es un derecho ni un cargo de representación popular, mucho menos un regalo. Petro empezó su gobierno con una promesa de transformación: abrir espacios a sectores históricamente marginados. Esa intención se expresó en nombramientos como el de la lideresa indígena Leonor Zalabata en la ONU o, antes, la escogencia de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial. Pero esa fase duró poco. En la práctica, el Gobierno del cambio ha terminado aplicando el viejo método del poder: cerrar filas con los más cercanos.
Lo más grave no es la mentira con la que intenta justificar su decisión, sino la verdad que esconde: a Petro no le interesa abrirles espacio a los hijos de obreros. Le interesa abrirles espacio a sus amigos. Quiere borrar los requisitos, no para ampliar la meritocracia, sino para imponer la lealtad personal como criterio de selección. Lo mismo que han hecho otros gobiernos.
Si en verdad el presidente quiere que más hijos de obreros lleguen a cargos como el de embajador, tiene unas herramientas poderosas a su alcance: mejorar el acceso a la educación, fortalecer la carrera diplomática, democratizar los concursos públicos. Pero borrar los requisitos, ridiculizar la preparación, insultar a quienes dedican su vida al servicio exterior y reemplazar la idoneidad por la amistad o el intercambio de favores políticos es lo contrario a su promesa de campaña –incluida en el Plan Nacional de Desarrollo– (común en los últimos expresidentes, y por todos incumplida) de fortalecer la carrera diplomática.
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