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El excanciller Álvaro Leyva quiso orquestar un golpe de Estado, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, para sacar del poder a Gustavo Petro. Su intención era que la vicepresidenta Francia Márquez fuera el reemplazo y que sucediera un “gran acuerdo nacional” que involucrara al ELN, al Clan del Golfo, y que contara con la interlocución de los aspirantes a la presidencia Miguel Uribe Turbay y Vicky Dávila. Así lo revela la investigación del periodista Juan Diego Quesada, del diario El País, de España, que hizo públicos una serie de audios en los que se escucha a Leyva explicándole su conspiración a un interlocutor desconocido. “Hay que sacar a ese tipo”, dice.
Es apenas comprensible la crispación que generan las revelaciones. Sin embargo, por su misma gravedad, conviene hacer un repaso de los hechos sin especular:
Dávila negó haber hablado con Leyva, y tampoco hay pruebas de que él se haya comunicado con Uribe Turbay. De acuerdo con el reportaje de El País, el plan transcurrió en abril, en la misma época en que Leyva publicaba una serie de cartas en la red social X en las que acusaba al presidente Petro de ser un drogadicto y le pedía que renunciara. En los audios, el exministro afirma que estaba “encima” de Francia Márquez y que fue él quien la convenció de hacerle reproches públicos a Petro en un consejo de ministros televisado. Posteriormente, lee en voz alta un supuesto chat con Márquez, del 31 de marzo, en el que da a entender que ella hacía parte del complot.
Por ahora, solo se tiene certeza de la participación de Álvaro Leyva. Quedan dudas sobre el rol de Francia Márquez. La vicepresidenta emitió un comunicado donde afirma que no se presta para conspiraciones, pero no menciona ni a Leyva ni a Petro. Eso deja varias preguntas abiertas: ¿Conocía ella de los planes del excanciller? ¿Es cierto, como afirma una fuente del reportaje, que el presidente Petro le exigió pronunciarse en público sobre el tema y ella se negó? De ser así, ¿por qué?
Han surgido sugerencias públicas sumamente irresponsables y mezquinas a raíz de la revelación, sin pruebas y cargadas de tergiversaciones para aprovecharlas políticamente. Ante esta coyuntura, lo mejor es la mesura, exigir a la justicia un esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, respaldar la institucionalidad.
Las movidas de Leyva merecen el más vehemente reproche. Son un intento de rompimiento antidemocrático, no solo contra Gustavo Petro como individuo, sino contra la institucionalidad misma de la Presidencia. En las democracias hay cabida para el disenso, la frustración, incluso el abucheo y la animadversión hacia los líderes políticos. Y para tramitar esos sentimientos existen medios de comunicación, canales de control y rendición de cuentas que, en este gobierno, han funcionado. Pero por más animadversión que cualquier jefe de Estado pueda causar en sectores de la población, jamás será aceptable ni deseable que a un presidente elegido por voto popular se le aparte de su puesto antes de tiempo, y mucho menos con la intervención de un país extranjero.
Les corresponderá a las autoridades judiciales determinar si lo que hizo Leyva constituye un crimen. Sus motivaciones y el alcance de sus intenciones son aún difusas. Lo que sí podemos afirmar es que en nada se beneficia el país con una traición a la confianza ni con un intento de golpe de Estado.
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