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Después de meses de tensiones, con la reforma laboral se logró recuperar –por la vía democrática– un conjunto de derechos laborales que se habían ido perdiendo desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Volver a reconocer el contrato a término indefinido como la regla general, ampliar el recargo dominical hasta el 100 % (de manera escalonada), reconocer derechos laborales para trabajadores de plataformas, ajustar la jornada nocturna y formalizar con más claridad figuras como el teletrabajo no solo son avances técnicos, sino que son decisiones políticas que reafirman un principio fundamental: el trabajo digno no es un privilegio.
Además, esta aprobación por vía legislativa desarma la narrativa del petrismo sobre un supuesto bloqueo institucional que habría obligado a convocar a una consulta popular. Que el Congreso haya aprobado esta reforma clave demuestra que los canales democráticos siguen abiertos. Aunque se podría argumentar que el resultado no hubiera sido posible sin la presión del chantaje plebiscitario, hay que recordar que el Congreso también aprobó dos reformas tributarias y una pensional. Que la oposición obstaculice las iniciativas gubernamentales no es una conspiración, sino un ejercicio de contrapeso lógico y necesario. Ahora bien, la oposición igual merece ser cuestionada por haberle jugado al fuego institucional cuando, en la Comisión Séptima, intentó sepultar la reforma sin darle el debate que merecía.
Dicho esto, la mesa sigue coja. Esta reforma solo aplica al trabajo formal, mientras que, según el DANE, el 55,4 % de las y los trabajadores colombianos siguen en la informalidad. Mejorar las condiciones del trabajo formal es fundamental, sí, pero insuficiente para transformar de fondo los derechos de los trabajadores en el país. Sin una política clara que aborde la informalidad con rigor, la promesa del trabajo digno seguirá siendo una ficción para millones.
También hay críticas legítimas. Al elevar los costos laborales, existe el riesgo de que algunos empleadores –especialmente los de medianas o pequeñas empresas que apenas comienzan– opten por reducir la contratación formal o recurran a figuras menos protegidas. Aunque estos costos no pretenden ser una carga arbitraria, sino una forma justa de reconocer derechos que nunca debieron perderse, será necesaria una reglamentación diferencial según el tamaño de las empresas.
Uno de los puntos más complejos es el tratamiento a los aprendices del Sena. Si bien es un avance reconocerles condiciones laborales más justas –salario completo en la etapa práctica, prestaciones, contrato especial–, preocupa que la posibilidad de monetizar las cuotas de aprendizaje termine desincentivando su contratación. La multa por no vincular aprendices subió de 1 a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz. En algunos casos –sobre todo donde se requiera mayor flexibilidad en la contratación– puede seguir siendo más rentable pagarle esa cuota al Sena. El Gobierno debe prestar atención a este punto para evitar que la reforma perjudique a quienes pretende beneficiar.
Se necesita repensar la narrativa del lugar que las empresas ocupan en la sociedad. No se trata de demonizarlas. El país necesita empresarios fuertes, innovadores y comprometidos con el desarrollo y la legalidad. No todos los empleadores están interesados en explotar, pero tampoco puede seguirse justificando la precariedad con la retórica que romantiza el emprendimiento o la supervivencia. Las empresas se deben a sus trabajadores. Dar trabajo digno no es caridad ni un favor: es una responsabilidad ética y legal.
Esta reforma no resuelve todos los problemas del mundo laboral, pero representa un avance. Que el Congreso lograra este acuerdo, incluso en medio de la polarización, deja un mensaje claro: las instituciones sí pueden responder a las demandas sociales. No hace falta erosionarlas ni saltarse sus reglas: basta con la voluntad de utilizarlas bien.
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