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La renuncia de la ahora excanciller Laura Sarabia ubica, de nuevo, la atención del país sobre una de las arbitrariedades que ha perseguido la Presidencia de Gustavo Petro. Desde los tiempos de Álvaro Leyva, ahora persona non grata en la Casa de Nariño, las decisiones que se tomaron en el contrato para expedir los pasaportes nacionales estuvieron marcados por la impulsividad y el desdén hacia las normas; también por una lamentable incapacidad de aplicar el principio de realidad. En síntesis, el presidente Petro considera que la empresa Thomas Greg & Sons no es de fiar y que, por ende, a pesar de cumplir todos los requisitos de una licitación creada por el mismo Gobierno, no podía seguir administrando esa función. Lo que ha ocurrido desde entonces ha sido la crónica de múltiples tragedias anunciadas.
El presidente Petro alega un fin loable: evitar las licitaciones con un solo oferente. Sin embargo, en el caso de los pasaportes, dio la orden de interrumpir un proceso que se había surtido de acuerdo con las normas vigentes y cumpliendo todos los requisitos solo para obstaculizar a una empresa particular. Si suena a una arbitrariedad contraría a los principios de la contratación estatal es porque lo fue y le terminó costando el puesto a Leyva, quien dio la batalla por la Casa de Nariño a pesar de las múltiples advertencias de que estaba cometiendo un grave error. El siguiente canciller, Luis Gilberto Murillo, quien ahora tampoco es bien visto en la Casa de Nariño, llegó a una solución a medias: prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons para no poner en riesgo la expedición de pasaportes mientras la Imprenta Nacional de Colombia en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal se preparaban para reemplazar eventualmente a la empresa.
El problema es que el tiempo pasó y nada se avanzó en crear las capacidades que le permitan a la Imprenta asumir una labor tan complicada e importante. Eso llevó a que la ahora excanciller, Laura Sarabia, propusiera decretar otra urgencia manifiesta que permitiera prorrogar una vez más el contrato de Thomas Greg & Sons y así, de nuevo, garantizar el derecho de los ciudadanos a tener un pasaporte.
Inmediatamente después de anunciarlo, muy al estilo de la Casa de Nariño, fue desautorizada. Alfredo Saade, el impresentable jefe de gabinete del presidente Petro, arremetió contra Sarabia y lanzó una frase rimbombante: “Lo que les correspondía hacer era preparar a la Imprenta Nacional para poder recibir todo el proceso de los pasaportes. Ahora vamos a enseñarle a Colombia lo que es un pasaporte, para que no entren en pánico los medios de comunicación. Están intentando crear pánico”. Ojalá tenga la razón, pero nada indica que así sea.
El caso es que ahora Sarabia, que fue pieza esencial de los primeros años de la Presidencia de Gustavo Petro y también estuvo en el corazón de varios de sus escándalos, renunció. “En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”, dijo. Más preocupante aún que ver otra crisis en el gabinete es la incertidumbre sobre la capacidad de la Imprenta para imprimir pasaportes a partir de septiembre. No hay convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta, ni avances con la Casa de la Moneda de Portugal. El presidente estará tranquilo de librarse de la empresa que tanto estigmatiza, pero al hacerlo muestra uno de sus peores legados: el de una administración improvisada, plagada de resentimientos entre sus miembros y donde el país queda sumido en la incertidumbre.
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