Editorial: La salida

A pesar de las diversas interpretaciones, todas ellas válidas, sobre la obligatoriedad, y no, del cumplimiento de las medidas de la CIDH, el presidente —igual que ante el diferendo con Nicaragua— tomó la vía de escudarse en la normatividad nacional para no acatar la decisión de una instancia internacional. Y ello a pesar de que en diciembre pasado, en entrevista con La W radio, había advertido que si se producían las medidas cautelares por parte de la CIDH, las acataría porque “estoy obligado a cumplirlas”.

No era una decisión sencilla, ni mucho menos, y las críticas no se harán esperar. Si hubiera tomado la contraria, tampoco se habrían demorado. Pensábamos —como opinamos en un editorial que escribimos temprano ayer y salió impreso en parte de la edición— que la inminencia de un proceso de revocatoria permitía una salida más democrática, siendo como es la de la Procuraduría una decisión administrativa que la voluntad popular bien podía tramitar. Si el alcalde se había equivocado en materia grave, lucía justo que los ciudadanos pudieran decidir si querían o no continuar con él, mientras la Fiscalía avanzaba en su investigación penal, esa sí imposible de someter a un voto.

Pero no, el presidente Santos decidió cortar por lo sano. Y, la verdad, no sin razones. Porque esta ciudad ha sufrido mucho en este proceso y ciertamente está necesitada de una solución definitiva. La incertidumbre no hacía más que paralizar a esta ciudad, que lo que necesita es ejecución vigorosa. Cierto es, también, que el destituido alcalde Petro tuvo opciones dentro de la institucionalidad colombiana para defenderse de la decisión de la Procuraduría, que no dejaremos de considerar desproporcionada. Y también que aún sigue teniendo opciones jurídicas que, como lo anunció en su encendido discurso ayer en la Plaza de Bolívar, seguirá utilizando. Resulta entonces peregrina la tesis de que se trata de una arbitrariedad del presidente Santos, pues mantuvo la puerta abierta a esa defensa hasta el último momento.

Lo cierto es que, definida la salida, es mucho el trabajo que hay por delante. Tanto para reformar el ordenamiento que permitió que una decisión administrativa se impusiera sobre la elección de los ciudadanos, como para que esta ciudad comience de nuevo a andar. Por lo demás, como lo exige la ley y como lo dijo ayer el alcalde encargado, en cumplimiento del programa de la Bogotá Humana que tan buenas ideas tiene y tan poca ejecución ha mostrado. Y, no menos importante, para restañar las heridas que deja todo este proceso sobre la convivencia nacional, pues no se debe perder de vista que quien ha salido de la vida pública con su inhabilidad es un desmovilizado que entregó las armas para entrar a la batalla política, que ganó en esa batalla, pero que ahora pierde por una institucionalidad que no parece ser suficiente como garantía de la reconciliación.

Que sean estas tareas llevadas por las vías de la civilidad y con la mira en un mejor país y una mejor ciudad es lo que hará falta. Ojalá estemos a la altura del reto.