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El Gobierno Nacional no parece haber dimensionado la gravedad de su falla en proteger la vida del senador más votado de la oposición, Miguel Uribe Turbay. Además de su incapacidad para detener el goteo de asesinatos de líderes sociales, el magnicidio de Uribe Turbay en plena capital del país es una falla del Estado y un ataque directo a la democracia. Tampoco ayuda que el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, esté teniendo que defenderse en público sobre la supuesta idoneidad del esquema de protección y los motivos por los que falló. La realidad es que se cometió un crimen de alto nivel y todo parece indicar que se debió gracias al fortalecimiento de una de las disidencias de las FARC.
Una y otra vez, el Gobierno ha buscado declararse víctima de lo ocurrido, pretendiendo esquivar su responsabilidad constitucional de proteger la vida de todos los colombianos. Aquí hay una paradoja trágica de por medio: el primer gobierno de izquierda, que llegó al poder gracias a un movimiento político lleno de mártires por la violencia, no pudo garantizar el mínimo a la oposición, la vida. Y es necesario buscar qué falló más allá de la responsabilidad penal. De senador, el ahora presidente Petro estaría reclamándole al gobierno de turno por falta de garantías, y tendría razón.
Lo que nos trae a una de las sorderas más incomprensibles de este Gobierno: el cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana. En una carta pública, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, figuras centrales de la negociación con las FARC, fueron crudos: “La paz y la seguridad son dos caras de una misma moneda, como estamos viendo en las regiones PDET, que el Gobierno ha abandonado al crimen organizado. En lugar de implementar el Acuerdo con las comunidades y construir paz y seguridad, empodera a las bandas y disidencias sentándose con ellas sin unos propósitos y métodos claros y sin un marco legal. Y si resulta cierto, como todo indica, que los responsables del crimen atroz son las disidencias, en particular la llamada Segunda Marquetalia. Veremos toda la dimensión de esta terrible equivocación”. Estamos de acuerdo. Este Gobierno no comprendió que el Acuerdo de Paz existente era la clave para la “paz total” y su indiferencia ha sido costosa.
Hay, en particular, un punto del acuerdo que se está violando. “El Gobierno nacional pondrá en marcha un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política [que] debe servir de garantía efectiva de los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la política en el marco de reglas democráticas”. El Decreto 895 de 2017 puso en cabeza del presidente de la República una instancia de alto nivel para “la implementación del Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política”. Ese liderazgo ha estado ausente. Pareciera que el presidente cree que en Colombia solo persiguen a la izquierda, cuando la realidad es que nuestra violencia, desgraciadamente, no discrimina.
El llamado de los exnegociadores no es un acto de traición ni de conspiración; es una súplica y una exigencia. La Casa de Nariño haría bien en escucharlos y, en vísperas de unas elecciones que se prometen violentas, recordar su compromiso con todos los colombianos.
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