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La sentencia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez es un momento histórico para Colombia, no solo por la importancia de la persona que ha sido procesada penalmente, sino porque la justicia de nuestro país demostró que puede actuar de manera transparente, rigurosa, juiciosa y sin apasionamientos. En medio del ruido esperable que esta decisión genera, es justo que todas las personas, sin importar su orientación política, se den la oportunidad de escuchar la manera en que la jueza Sandra Heredia justificó su actuar. También es momento de recordar que el proceso no ha terminado, que hay espacio a apelaciones, que el debido proceso es un derecho fundamental y que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, tanto en sus derechos como en sus responsabilidades. No podemos vulnerar el Estado de derecho solo porque se toman decisiones con las que no todo el país esté de acuerdo.
La jueza Heredia empezó su intervención con un mensaje que debería ser motivo de reflexión para nosotros, los medios de comunicación y para todos los actores políticos de Colombia. Pese a “las tormentas de la opinión pública”, a “los intentos de deslegitimación y los ataques que ha recibido la judicatura”, dijo la jueza, “la justicia ha llegado”. Pidió que no se lea su decisión como “una revancha, una conspiración ni un acto de política”, sino como “un acto de justicia”. Todo bajo un principio que está en la esencia de nuestro Estado: “Nadie está por encima ni por debajo de la ley”.
Sabemos que un juicio de esta magnitud despierta pasiones. Que se juzgue a un actor político tan influyente como Álvaro Uribe inevitablemente genera la tentación de leer el fallo con lentes partidistas. Pero no hay evidencia que permita concluir que la jueza haya actuado fuera del derecho. Por el contrario: todo indica que lo ha hecho precisamente en nombre del derecho, frente a una defensa que intentó distraer, dilatar y en ocasiones manipular. Lo responsable, hoy, es reconocer la legitimidad de la sentencia y rechazar con firmeza las voces que, sin fundamento, intentan presentarla como una persecución política.
Los hechos son graves. La Fiscalía ha demostrado que se intentó sobornar al testigo Juan Guillermo Monsalve, hijo de un mayordomo de la hacienda Guacharacas, de la familia Uribe Vélez, para que cambiara su declaración. Y esa declaración apuntaba a algo inquietante: que en esa propiedad se habrían organizado grupos paramilitares del bloque Metro. La jueza fue clara en distinguir que no se trata de juzgar la verdad de esos hechos, sino el intento deliberado de manipular la justicia para encubrirlos. Eso, por sí solo, erosiona la base misma del Estado de derecho, y es inaceptable. Las pruebas quedaron a la luz para que cualquier colombiano que lo desee las pueda ver. La jueza, por cierto, le hizo eco a lo que dijeron varias magistradas antes de ella, e incluso la misma Corte Suprema de Justicia, que en su momento encontró razones para dictar una medida de aseguramiento contra el expresidente.
No nos permitamos caer en la trampa de la polarización y la descalificación. Es necesario respaldar la justicia, protegerla, reconocer que lo que pudimos ver fue el orden democrático actuando según sus propias normas. Sí, el caso es sobre un apellido puntual, querido por muchos, pero sirvió para reivindicar a una institución entera. Eso es lo que nos queda para la historia.
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