Colombia acaba de recibir un reconocimiento deshonroso. Por tercer año consecutivo somos el país más letal para defensores del ambiente. De hecho, casi un tercio de los asesinatos del mundo ocurrieron en nuestro territorio. En todo el planeta, Global Witness documentó 146 personas defensoras de la tierra y el ambiente asesinadas. De esas, 48 hacían su labor en nuestro país. Aunque esa es una reducción de 31 personas en comparación con el número de asesinados en 2023, no hay motivo para sacar pecho. Año tras año seguimos contando muertos.
El informe de Global Witness, “Raíces de resistencia”, pinta un panorama regional desolador. Cuatro de cada cinco líderes asesinados vivían en América Latina. Esto va de la mano con una tendencia global, liderada por Donald Trump en Estados Unidos, para sabotear cualquier tipo de trabajo que busque la conservación y la sostenibilidad. Eso ha puesto en mayor riesgo a los defensores ambientales, que sin cooperación internacional se enfrentan a zonas hostiles con presencia de actores ilegales. Rachel Cox, asesora principal de campañas de Global Witness, lo puso de manera cruda y elocuente: “En un contexto dominado por el uso desenfrenado de los recursos, tratan a quienes defienden el ambiente y el territorio como si fueran un verdadero estorbo, en lugar de como canarios en una mina de carbón a punto de explotar”.
Colombia lo sabe muy bien. Desde 2012 nuestro país ha visto a 509 líderes ambientales ser asesinados. Además, como contó El Espectador citando a Somos Defensores, la impunidad en sus casos es la ley. Según la base de datos de la organización, del 94,8 % de los homicidios no se sabe nada. Y sospechamos que la reducción de los homicidios puede responder más a un subregistro que a políticas de protección efectivas. Laura Furones, autora principal del informe de Global Witness, explica que es común que las autoridades no se enteren de los ataques, porque ocurren en zonas donde el Estado de facto son los ilegales. Entonces, estamos viendo apenas la punta de un iceberg doloroso.
El caso de nuestro país es muy diciente sobre la dificultad de proteger el ambiente en territorios con poca presencia estatal. El gobierno de Gustavo Petro ha llevado a cabo importantes proyectos ambientalistas y se declaró aliado de los líderes sociales. En efecto, su política ha sido una de preservación y de buscar cambiar el paradigma de nuestra relación con el medio ambiente. Sin embargo, sus fallas en políticas de seguridad una vez más asoman el rostro perverso de la violencia. Como no ha sido posible controlar los territorios ni proteger a la población de los grupos criminales, tampoco se pudo evitar la muerte de los líderes, por más buena voluntad que haya. No en vano Cauca es el departamento del país que más preocupa a Global Witness y a otras organizaciones.
Sí, el problema no empezó con la administración Petro. Llevamos muchos años contando líderes sociales asesinados, y en el tema ambiental nuestro país siempre ha estado en el top de los más letales. Empero, por eso mismo es fundamental exigir resultados y protección eficiente. Tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales les están fallando a los defensores del ambiente.
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