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Cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, empezó a jugar con la idea de mandar la consulta popular mediante decreto, hizo un esfuerzo por decir que hacerlo no implica atacar la institucionalidad. De hecho, el argumento de la Casa de Nariño, que se ha modificado en días recientes, consiste en que el Congreso habría incurrido en un actuar inconstitucional y eso faculta el “decretazo”. Para demostrar que su problema no es con la separación de poderes ni con las normas, sino solo con unos miembros del Congreso, el presidente dijo que todo pasaría por la Corte Constitucional. En su momento, en este espacio lanzamos una pregunta: y si la Corte se niega, ¿habrá también desprestigio contra ella? Ya tenemos la respuesta.
El Gobierno decretó la consulta popular, a pesar de que el Congreso no le dio la autorización que exige la Constitución para hacerlo. Esto ha causado una tensión institucional que no veíamos, por lo menos, desde las pugnas entre el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y las cortes. Con el agravante de que múltiples expertos con legitimidad y que en el pasado han acompañado al presidente Petro en sus causas han salido a decir que se trata de una medida de dudosa legalidad. Eso se suma a los partidos políticos mayoritarios, que están pidiendo a la Registraduría desoír el decreto por inconstitucional; a la Procuraduría, que abrió indagación contra los ministros que firmaron la convocatoria, y a varios políticos independientes que también se preguntan sobre los efectos que esto tiene para la separación de poderes. En este espacio también hemos advertido desde el principio que, a simple vista, lo que está haciendo la Casa de Nariño es una extralimitación de sus funciones y un abuso de poder de un presidente que llegó prometiendo no caer en ese tipo de “jugaditas”.
Dicho lo anterior, el decreto llegó a la Corte Constitucional. Allí pueden pasar tres cosas: que la Corte, oyendo a múltiples juristas, diga que la competencia la tiene el Consejo de Estado por tratarse de un acto administrativo; que el tribunal esté de acuerdo con la postura de que se trató de una convocatoria ilegal o que le dé la razón al Gobierno. El alto tribunal debería priorizar el estudio del tema por la importancia del momento. Pero más allá de eso, si ocurre alguna de las decisiones adversas al Gobierno, ¿cómo reaccionará? En CNN, el presidente Petro fue claro: “Si se cae en la Corte, se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente”. Es decir, seguirá el discurso de una institucionalidad en contra del “pueblo”, que se equipara con la voluntad del presidente, y de un sistema que tiene que cambiarse por completo. Lo que sospechamos en su momento: se usará la decisión para desprestigiar también al poder Judicial, al que el mandatario ya ha asociado con la conspiración por no dejarlo gobernar.
Todo esto ocurrirá en época electoral. El daño a las instituciones se sigue consolidando mientras Gobierno y oposición sólo piensan en ganar réditos para las urnas. La Casa de Nariño tenía otras opciones menos lesivas, como persuadir a los congresistas a propósito de la reforma laboral en curso o presentar de nuevo la consulta con las nuevas preguntas. En cambio, lleva el proceso legislativo a una parálisis, deja en el aire la pregunta sobre si se saltó las normas y nos sumerge en un caos lleno de incertidumbre.
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