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Aunque los reflectores mediáticos se los ha llevado Venezuela, las zonas más vulnerables de Colombia empezaron el año en medio de la violencia, el terror y la desazón. Como advertimos en un editorial hace unas semanas, para los colombianos en Catatumbo, Cauca y ciertas zonas de Antioquia no serían unas fiestas tranquilas. Lamentamos ahora tener que contar que tampoco fue un inicio de año en paz. Entre masacres, desplazamientos y reclamos desesperados al Gobierno Nacional, se sigue moviendo la crisis de inseguridad y la falta de respuestas por parte de los proyectos de la “paz total”.
El año pasado cerró con dos cifras dolorosas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2025 fueron asesinados 187 líderes sociales, lo que representa un aumento del 8 % frente a los 173 en 2024. En cuanto a los firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC, 39 excombatientes fueron asesinados, ocho más que en 2024. Sabemos, además, que en un año electoral esas cifras suelen dispararse, por lo que todas las alarmas están prendidas. Sin embargo, el Gobierno ha sido poco efectivo en detener los ataques. Indepaz también reportó que en los primeros seis días de enero hubo tres masacres en Cauca, Norte de Santander y Antioquia, con 10 personas asesinadas. En Santander de Quilichao, Cauca, por ejemplo, hombres armados asesinaron a Irma Yulie Erazo Reina y, cuando se estaba llevando a cabo su velorio, atacaron a varios asistentes y asesinaron a Angélica María Cantoní Estacio y a Reina Nancy Stella.
Catatumbo, en Norte de Santander, siguió sumido en una pesadilla. Las advertencias y los pedidos de ayuda que se hicieron en diciembre no fueron suficientes para que la realidad cambiara. Entre el 29 de diciembre y 2 de enero se registraron al menos 500 personas desplazadas. Hace unos días la Defensoría del Pueblo alertó sobre la llegada a Cúcuta de al menos 130 familias, integradas por cerca de 300 personas. Colombia+20, de El Espectador, entrevistó a Diógenes Quintero, representante de la curul de paz de Catatumbo. Su mensaje es doloroso: “La gente que se desplazó hoy ya se había desplazado en enero. Eso es lo crítico. Esa misma gente había retornado sin condiciones de seguridad, sin dignidad, sin garantías e incluso sin voluntariedad, más por el estado de precariedad e indignidad que estaban viviendo en los albergues de Cúcuta, Ocaña y otras ciudades. Entonces retornaron sin garantías. El Gobierno no tomó las medidas y hoy están repitiendo el desplazamiento que sufrieron hace un año”.
El sufrimiento es cíclico en las zonas donde el Estado no puede ejercer el control, a pesar de sus promesas. El presidente de la República, Gustavo Petro, es consciente de esta situación. En su discurso de esta semana contó que le dijo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es necesario “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que hoy por hoy se llama Ejército de Liberación Nacional, controlador y asesino de campesinos”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que “otra de las conclusiones de la llamada Trump-Petro fue reforzar las acciones contra el ELN, especialmente en la frontera con Venezuela. Al ELN hay que darle duro”. Sin embargo, más allá de los discursos y de los constantes consejos de seguridad, el día a día en Catatumbo y las regiones críticas del país sigue siendo de violencia. ¿Hasta cuándo?
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