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Colombia estaba urgida de datos. Por fin el Ministerio de Salud presentó la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM). No teníamos información consolidada desde los resultados de 2015. Se trata de uno de los esfuerzos más grandes, rigurosos y necesarios para contar con información confiable en torno a la salud mental y el consumo de sustancias y otros indicadores. Es fundamental que los gobiernos, en alianza con universidades, sigan financiando este tipo de proyectos que le otorgan al país entero cifras que permiten tomar decisiones. Por ejemplo, la ENSM exige que dediquemos espacio a varios temas, pero empecemos con uno que ha estado en la agenda las últimas semanas: el consumo de alcohol y de vapeadores.
En más de 120.000 personas encuestadas, el estudio encontró que el 68,5 % de los colombianos de 12 años o más han consumido alguna sustancia psicoactiva (incluyendo alcohol y tabaco) al menos una vez en la vida. En los últimos 12 meses lo hizo el 41,3 %. El alcohol sigue siendo, de lejos, la sustancia más consumida. El 66,1 % de la población reportó haberlo consumido alguna vez en la vida y el 38,4 % durante el último año, con un 4,1 % presentando trastorno asociado a su consumo. Según el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, estamos en mora de preguntarnos sobre los efectos del consumo de alcohol, incluso en los casos donde no lleva a un trastorno. ¿Por qué no está sobre la mesa la opción de implementar regulaciones que desincentiven su consumo?
Este gobierno no quiso dar el debate y el que viene se ha mostrado reacio a cualquier tipo de intervención estatal que modifique, en su visión, el libre mercado. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, habló en campaña de cómo ve con malos ojos los impuestos saludables que se han utilizado para desincentivar el consumo de bebidas con exceso en azúcares. En esencia, cree que no funcionan. Sin embargo, como hemos mostrado en varias ocasiones en El Espectador, los datos científicos muestran que sí hay efectos cuando el Estado toma ese tipo de decisiones, además de que se incrementan los ingresos para el sistema de salud.
Será una discusión difícil. El Ministerio de Salud saliente está adelantando una modificación a la Estrategia Nacional de Reducción del Consumo de Alcohol. Por decisión de la Corte Constitucional, es necesario que se adopten mensajes más claros en torno al consumo del alcohol para que las personas se enteren de los daños que produce incluso en dosis reducidas. De nuevo somos pesimistas sobre una eventual implementación en el gobierno de Abelardo de la Espriella, pero hay tantos interrogantes que no podemos especular mucho. El Congreso, en todo caso, debería tomar la palabra en la conversación.
La ENSM también nos alerta sobre otro tipo de consumo que ha sido muy complicado regular en Colombia: el de los vapeadores. El 6,4 % de los colombianos de 12 años o más reportaron haberlos usado al menos una vez en la vida. No obstante, es importante notar que los jóvenes entre los 18 y 44 años tienen casi el doble de consumo del promedio nacional, con el 12 % en hombres y el 6,7 % en mujeres. Tiene sentido, pues es en esa población objetivo donde los esfuerzos de la industria por crecer se han concentrado, desde la publicidad masiva a “zonas de activación” en espectáculos y lugares cercanos a las universidades. Hasta ahora los vapeadores se han comercializado bajo el entendido de que son menos dañinos que el tabaco y ayudan a desincentivar el consumo, pero en sí mismos producen problemas de los que poco se habla en el debate público nacional. Ahora que hay datos de prevalencia, eso debe empezar a cambiar.
No se trata de dejar por fuera a la industria, claro, pero sí de entablar discusiones que involucren a la academia, la sociedad civil y las personas que son afectadas por el consumo. ¿Para cuándo una política pública integral?
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