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Colombia tendrá un nuevo régimen pensional. Después de años de incertidumbre, la Corte Constitucional encontró que la reforma aprobada durante la administración de Gustavo Petro se hizo correctamente y empezará a regir a partir de abril de 2027. Aunque la Corte devolvió 10 artículos a la Cámara de Representantes, estos no son estructurales y la entidad solo tiene 30 días hábiles para discutirlos. Eso quiere decir que cambia la manera en que nuestro país ha entendido las pensiones y que el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene ahora la tarea de implementar la ley. Queda, eso sí, el enorme interrogante sobre la viabilidad financiera. ¿Será capaz la nueva administración de impulsar debates que son impopulares, pero muy necesarios?
La votación de siete magistrados y magistradas contra uno envía el mensaje de que el alto tribunal no ve problema constitucional con la esencia de la reforma pensional. En la decisión la Corte encontró que se resolvieron los problemas de trámite y que en lo aprobado no hay nada que incumpla las promesas de la Carta Política. Estamos de acuerdo. Esta reforma fue cuestionada con base en mucha desinformación, dado que tocaba múltiples intereses económicos y que nuestro país parece incapaz de llevar a cabo conversaciones complejas. Lo dijimos en varios editoriales no solo durante la administración Petro, sino las que lo antecedieron: la bomba pensional necesita decisiones contundentes y urgentes.
Eso no quiere decir que la reforma aprobada solucione todo el problema. No, de hecho los subsidios que crea abren un boquete adicional en las finanzas públicas que no es claro aún cómo va a ser solucionado. Además, la estructura adoptada implica que eventualmente tendremos que hacer modificaciones importantes o el sistema no podrá continuar. El reto de una población que envejece, sumado a una expectativa de vida que se expande mientras descienden las tasas de natalidad y a una economía que sigue siendo mayoritariamente informal, implica que las pensiones como las hemos entendido desde su creación no respondan a la realidad del país. Empero, ese problema lo están enfrentando todos los sistemas de seguridad social del mundo. Por eso es una conversación que necesita mantenerse viva y que implica tomar decisiones que las personas no reciben bien, como un aumento en la edad de pensión que parece ineludible.
Dicho lo anterior, la nueva ley sí ataca problemas particulares que nuestro sistema había pasado por alto. Acaba, de una buena vez, la competencia entre aseguradoras privadas y Colpensiones. Esa fórmula solo llevó a la frustración de los colombianos y a crear un régimen público donde los recursos de todos se iban a subsidiar megapensiones de unos pocos. A partir de abril del año entrante todos los colombianos cotizarán en Colpensiones, y si ganan más de 2,3 salarios mínimos el excedente irá a la aseguradora privada de su elección. Eso ahorra confusiones, elimina subsidios lesivos y fortalece la institucionalidad.
Otro aspecto clave es la creación del pilar solidario, que extiende un subsidio mensual a los adultos mayores en condición de pobreza. El presidente De la Espriella puede utilizar esa disposición para aterrizar su promesa en el mismo sentido. Es un apoyo urgente para las personas más vulnerables. El pilar semicontributivo también reconoce que hay personas que aportaron a pensión, pero no lo suficiente para pensionarse, un problema muy común en nuestro país. Ambos pilares buscan ayudar a combatir la desigualdad de un sistema con abismos entre los que más ganan y los que menos.
Esperamos que la Cámara sea diligente en la discusión de los artículos pendientes. También que el gobierno De la Espriella le cuente pronto a Colombia cómo pretende reformar el sistema, ojalá con miras a la sostenibilidad a largo plazo y sin perder los avances. Es un tema delicado, lo sabemos, pero no da espera.
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