Mientras una parte del país continúa en negación sobre la gravedad de las ejecuciones extrajudiciales, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de hacer una precisión que debería, cuando menos, llevar a reflexiones sobre cómo se llevan a cabo los debates en el ámbito político. No fueron 6.402 ejecuciones extrajudiciales, dijo la jurisdicción transicional, sino por lo menos 7.837. Porque como además faltan fuentes importantes por agregar a la investigación, es probable que la cifra aumente. Es fundamental que en el país se deje de cuestionar el número de los mal llamados “falsos positivos” y nos concentremos en cuáles fueron sus causas, así como las responsabilidades, para que una tragedia de ese estilo ocurriera en tantos miles de casos.
El discurso de un sector de la derecha colombiana ha sido negar la rigurosidad de la JEP. Hemos visto posturas desde las más radicales, que argumentan que las ejecuciones extrajudiciales no ocurrieron, hasta otras que buscan ser moderadas, pero que culpan a los tribunales de paz de utilizar metodologías inadecuadas para llegar a esas cifras. No olvidamos el episodio infame del congresista Miguel Polo Polo, quien no fue reelegido en las pasadas elecciones y quien vandalizó un homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales mientras argumentaba que no había manera de sustentar los 6.402, número que se volvió popular gracias al trabajo de la JEP. Más allá de lo obvio, y es que un solo caso de este tipo justificaría la indignación nacional, el objetivo ha sido torpedear el trabajo juicioso que ha hecho la justicia transicional.
Ahora sabemos que la cifra estaba errada, pero porque en efecto son más los casos. Según el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli: “Cuando nosotros aludimos a esa cifra inicial (6.402), tomamos un periodo, 2002-2008. Pero el GRAI (Grupo de Análisis de la Información) amplió el periodo de 1990 a 2016. Y claro, ahí se incluyeron muchos más casos que no estaban en la cifra inicial”. Por eso, explicó el magistrado: “cuando ya tomamos todos los informes de las víctimas, más lo de la Procuraduría, más ampliamos el periodo desde el año 90 hasta el 2016, pues se ha venido incrementando”. El dato actual son 7.837, pero puede aumentar, pues “todavía faltan los datos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que viene realizando audiencias territoriales con los máximos responsables que también están confesando casos de ejecuciones y desapariciones que nunca han sido investigadas”.
En información que conoció Blu Radio, se supo que las ejecuciones extrajudiciales fueron 470 entre 1990 y 1994; 334 entre 1995 y 1998; 708 entre 1999 y 2002; 6.503 entre 2003 y 2010, y 272 entre 2011 y 2016. Eso significa que, sí, durante las administraciones de Álvaro Uribe se presentó la mayor cantidad de casos, pero también que se trata de una práctica que ocurría desde mucho antes en el país. Eso requiere explicaciones y, ante todo, una gran reflexión nacional. Mientras el debate se ha concentrado en negar lo ocurrido, las víctimas se han acumulado y exigen respuestas.
La JEP sigue teniendo la palabra, mientras esperamos una resolución del Macrocaso 03 que le cuente a Colombia con detalles toda la información que se recopiló. El aporte, además de la rigurosidad investigativa, será poder hablar con claridad sobre las maneras en que se utilizó el poder de la fuerza pública para traicionar a civiles inocentes. La derecha haría bien en dejar a un lado sus discursos dañinos contra este objetivo.
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