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Todo lo relacionado con la designación de Juliana Guerrero como viceministra en el Ministerio de la Igualdad demuestra fallas en el servicio público colombiano y también en los procesos educativos del país entero. Desde el presidente de la República, Gustavo Petro, que decidió convertir un nombramiento incomprensible en un punto de honor, hasta la Fundación de Educación Superior San José, que ha publicado contradicciones y cometido fallas gravísimas. ¿Dónde está la adecuada vigilancia del Ministerio de Educación? ¿Por qué se menosprecia el necesario cumplimiento de las normas básicas? ¿Qué mensaje se les envía a todos los colombianos que han querido trabajar para el Estado después de invertir tiempo, estudio y recursos en obtener títulos académicos que los prepare para hacer un buen trabajo?
Desde que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza hizo la denuncia sobre Guerrero fue atacada abiertamente por miembros del Gobierno. La acusaron de persecución y de violar su intimidad, e incluso fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por Guerrero. El Icfes no quiso responder de manera apropiada, y solo a punta de tutelas se han ido conociendo los detalles. Hoy sabemos que la candidata a funcionaria se graduó sin haber presentado las pruebas Saber Pro, lo que llevó a la destitución del exsecretario general de la universidad, Luis Carlos Gutiérrez Martínez. Sin embargo, la semana pasada, el país conoció un comunicado todavía más preocupante.
Según la Fundación de Educación Superior San José, “la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de tecnología en gestión contable y tributaria como en el programa profesional de contaduría pública”, por lo que “decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas antes mencionados”. Esto despierta muchas preguntas.
Por un lado, Guerrero dice que es mentira, y que sí tiene pruebas de su asistencia a clases. El periódico El Colombiano cuenta que accedió a algunos documentos internos de la institución educativa, donde, en efecto, se ve la participación de la joven en clases. ¿Por qué la universidad dice ahora que no hay registro? Más grave aún: ¿cómo es posible que una institución educativa, vigilada por el Ministerio de Educación, gradúe a personas sin los requisitos mínimos?
En uno de sus discursos defendiendo a Guerrero, el presidente Petro dijo que se querían “tirar” a una muchacha “porque es pobre (...) estudió e hizo el esfuerzo, y en medio de una situación difícil de amenazas. Ah, que es bonita, ¿y entonces qué? ¿Las bonitas no pueden?”. El problema no ha sido nunca ese, sino por qué el Gobierno se sentía tan cómodo contratando a alguien que mintió en su presentación de documentos y que además se graduó con irregularidades. ¿Es este el mismo “Gobierno del cambio” que hizo convocatoria pública de personas con doctorados al empezar su mandato para asegurar la idoneidad de los servidores? ¿Acaso no había otras personas jóvenes que cumplieran los requisitos? ¿Por qué las normas no deben importar?
El problema, claro, no es solo de este Gobierno. Vienen a la mente el caso del exsenador Julián Bedoya, que se graduó como abogado en circunstancias extrañas lo que llevó a la suspensión de su título. La Universidad Externado también dijo que Jennifer Arias, expresidenta de la Cámara de Representantes, cometió plagio en su tesis de maestría. Abundan las denuncias de funcionarios públicos que inflan sus logros académicos con títulos logrados en procesos cuestionados. Por lo que es necesario que los reflectores, al menos en el caso de Guerrero, quien ya desistió del servicio público, se centren en la institución educativa y en el Ministerio. ¿Cómo ocurre algo así en Colombia y por qué es tan difícil que los responsables den la cara?
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